No Hagas Cosas Buenas… De lado

El día de ayer el diario capitalino El Universal publicó un material bajo el título “En 8 años de la 4T van 15 escándalos; sólo hay una renuncia y ningún ‘machuchón’” en el cual presenta un balance incómodo para el movimiento político de Andrés Manuel López Obrador que llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción y terminar con los privilegios de las élites gobernantes. El recuento periodístico no se centra únicamente en la existencia de presuntas irregularidades, sino en un elemento mucho más revelador: la ausencia de consecuencias para los responsables de mayor nivel.

Durante casi ocho años de gobiernos identificados con Morena, diversos casos han ocupado titulares nacionales. Entre los más relevantes aparece Segalmex, considerado uno de los mayores escándalos de presunto desvío de recursos públicos de los últimos años. Aunque hubo órdenes de aprehensión contra funcionarios de niveles operativos y administrativos, el caso permanece sin sentencias definitivas y sin responsabilidades acreditadas para los principales responsables políticos del organismo.

Otro expediente significativo es el de Birmex, donde se denunciaron irregularidades en la compra consolidada de medicamentos. La respuesta gubernamental derivó en la salida de varios funcionarios y la apertura de investigaciones administrativas y penales; sin embargo, tampoco ha producido resoluciones judiciales concluyentes.

La revisión también incluye señalamientos relacionados con el huachicol fiscal, donde fueron detenidos operadores y exmandos vinculados a la red investigada. Nada más que los sobrinos políticos del secretario de la Armada de México en tiempos de López Obrador, almirante José Rafaél Ojeda Durán.  Aun así, las pesquisas no han alcanzado a ese nivel pese a los señalamientos y menciones que han surgido durante las indagatorias.

A estos casos se suman las controversias alrededor de grandes proyectos emblemáticos, como la Refinería Olmeca (Dos Bocas) y el Tren Maya, cuestionados por sobrecostos, procedimientos de contratación y observaciones realizadas por órganos fiscalizadores. Pese a las denuncias y auditorías, las investigaciones no han desembocado en procesos judiciales contundentes contra funcionarios de alto nivel. Aquí aparece el nombre de Amilcar Olán Aparicio, amigo de Andy y Bobby López Beltrán. En este asunto hasta ahora tampoco nada.

Finalmente, la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, derivada de acusaciones sobre presuntas irregularidades administrativas. Sin embargo, incluso en este episodio, la consecuencia política no ha ido acompañada de responsabilidades penales acreditadas, hasta el momento, aunque este escándalo está vigente. Quizá vaya a ser la primera excepción.

A todos estos hechos, se puede agregar al tema del gobernador con licencia de Sinaloa, Raúl Rocha Moya, señalado juntos con otros nueve funcionarios de ese estado de estar involucrados con Los Chapitos, incluso fueron requeridos por las autoridades norteamericanas para que sean detenidos con fines de extradición. Ya se sabe que ha pasado con esto.

Es difícil negar la evidencia que  existe un hilo conductor entre los  casos recopilados por El Universal, no es necesariamente la comprobación judicial de los delitos denunciados, sino la repetición de un patrón: investigaciones que generan gran impacto mediático, auditorías que detectan irregularidades, denuncias que apuntan a posibles actos de corrupción y, al final, una notable dificultad para traducir esos señalamientos en sentencias firmes o castigos para quienes ocupaban los niveles más altos de responsabilidad.

La paradoja resulta particularmente significativa porque la 4T construyó buena parte de su legitimidad política sobre la promesa de combatir la corrupción que atribuía a gobiernos anteriores. Sin embargo, el balance es que más allá del discurso, los mecanismos de rendición de cuentas siguen enfrentando los mismos obstáculos estructurales que han caracterizado a la política mexicana durante décadas.

Los escándalos mencionados no constituyen únicamente una sucesión de casos aislados. En conjunto describen un fenómeno más profundo: la distancia entre la denuncia pública y la sanción efectiva. La constante es la impunidad de las altas esferas del poder. Cambian los protagonistas, cambian las instituciones involucradas y cambian los montos o las modalidades de las irregularidades, pero el resultado suele ser el mismo: funcionarios menores investigados, expedientes prolongados y ausencia de condenas contra las figuras políticas de mayor jerarquía.

Si la lucha contra la corrupción pretendía ser algo más que una de las banderas política del actual régimen. Los hechos parecen demostrar que esto quedó de lado. Van 8 años y pese a los señalamientos fundados, no hay responsables de primer nivel pagando.

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