No Hagas Cosas Buenas… ¿arrebatarán otro derecho?

Hay una manera de leer la historia política de la llamada Cuarta Transformación que va más allá de cada reforma considerada aisladamente: la reconstrucción de un régimen político en el que los contrapesos al Poder Ejecutivo han ido perdiendo autonomía y, con ello, capacidad para limitar al poder presidencial.

Esa interpretación, desde luego, es política y admite discusión. El Gobierno sostiene una versión distinta: que se trata de recuperar soberanía popular, eliminar burocracias costosas, combatir privilegios y devolver al Estado funciones que, a su juicio, habían sido entregadas a organismos tecnocráticos. De hecho, el propio Gobierno justificó desde 2024 la desaparición de varios órganos autónomos con argumentos de austeridad y duplicidad de funciones.

Pero hay una pregunta que atraviesa todo el proceso: ¿qué sucede cuando las instituciones que vigilan al poder dejan de ser independientes del poder que deben vigilar? Instituciones que se crearon en su tiempo bajo presión entre otros sectores de la sociedad, del grupo político al que pertenecían Andrés Manuel López Obrador cuando era oposición.

Esa es, en mi opinión, la cuestión central para entender el delicado momento de la democracia mexicana.

La 4T llegó al poder en 2018 con una legitimidad electoral extraordinaria y con un discurso de ruptura con el viejo régimen.  López Obrador planteó que buena parte de las instituciones construidas durante las décadas anteriores eran expresión de un Estado burocrático, elitista y distante de la sociedad.

La consecuencia política fue una revisión prácticamente integral del entramado institucional.

El episodio más significativo fue la desaparición de siete organismos constitucionales autónomos: INAI, COFECE, IFT, CONEVAL, CRE, CNH y MEJOREDU. La reforma constitucional de simplificación orgánica fue publicada el 20 de diciembre de 2024 y entró en vigor al día siguiente.

La lista importa porque cada organismo representaba un contrapeso distinto: INAI, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; COFECE, defensa de la competencia económica frente a monopolios y prácticas anticompetitivas; IFT: regulación independiente de telecomunicaciones y radiodifusión; CONEVAL, evaluación de la política de desarrollo social y medición de la pobreza; CRE, regulación del sector energético; CNH, regulación y supervisión técnica de hidrocarburos y MEJOREDU, evaluación y mejora continua de la educación.

Desde la perspectiva oficial, aquello significaba simplificar el Estado. Desde la perspectiva crítica, significaba algo diferente: sustituir instituciones con autonomía constitucional por estructuras dependientes de funcionarios que responden, directa o indirectamente, al poder político.

El caso del INAI resulta particularmente importante porque toca el nervio mismo de cualquier democracia: el derecho del ciudadano a saber qué hace el poder con el dinero, las facultades y los recursos públicos.

El INAI no era simplemente una oficina que contestaba solicitudes de información. Su función constitucional consistía en actuar como árbitro cuando una dependencia pública negaba información o entregaba información incompleta.

Si un ciudadano solicitaba información a una secretaría y ésta respondía que la información era reservada, podía acudir ante un órgano independiente. El problema dejaba de ser una disputa entre ciudadano y gobierno y se convertía en una controversia ante un tercero con autonomía constitucional.

La reforma eliminó precisamente esa arquitectura. La propia documentación del INAI señaló que desaparecía el organismo garante autónomo especializado y que las competencias serían redistribuidas.

El nuevo modelo trasladó las funciones a autoridades garantes vinculadas a las estructuras públicas correspondientes; en el ámbito federal se creó Transparencia para el Pueblo, como órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El propio Gobierno presenta esto como la nueva arquitectura de transparencia, ¿quién lo puede creer?

La transparencia no desapareció. Lo que desapareció fue el árbitro constitucional autónomo que la garantizaba.

Porque la transparencia adquiere su verdadero significado cuando el ciudadano quiere conocer aquello que el gobierno preferiría mantener oculto: contratos, adquisiciones, viajes, beneficiarios, decisiones administrativas, patrimonio, comunicaciones oficiales, expedientes y uso de recursos públicos.

Y precisamente por eso, desde una perspectiva liberal-democrática, su autonomía era importante.

Pero si la desaparición de los organismos autónomos redujo contrapesos administrativos y regulatorios, el golpe casi mortal vino con la reforma judicial, que afectó el contrapeso constitucional más importante: el juez independiente.

La reforma constitucional de septiembre de 2024 modificó profundamente el sistema de impartición de justicia. Entre otras cosas, redujo la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes, creó un Tribunal de Disciplina Judicial y estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

No debe confundirse esto con decir que los ciudadanos perdieron literalmente "un Poder del Estado": el Poder Judicial sigue existiendo constitucionalmente. La cuestión controversial es otra y, a mi juicio, mucho más profunda:

¿Puede existir un Poder Judicial realmente independiente cuando quienes ejercen la función jurisdiccional obtienen su legitimidad mediante procesos electorales inevitablemente políticos?

El juez constitucional no está diseñado para representar a la mayoría. Está diseñado, precisamente, para poder decirle no a la mayoría cuando ésta viola la Constitución.

Y menos todavía está diseñado para estar sometido a las preferencias electorales del partido gobernante, máxime cuando aunque en México se ha contado en las últimas décadas con una democracia electoral real, es innegable que el pueblo nuestro aún está lejos de no ser víctima de engaños ramplones de los políticos con poder del momento.

La reforma convirtió la selección de los juzgadores en un proceso de naturaleza electoral. La propia Suprema Corte documentó el proceso extraordinario de elección de personas juzgadoras para 2025.

La preocupación de los críticos de la reforma judicial es que el ciudadano haya quedado  expuesto a un posible atropellamiento político, si defensa real alguna del Estado.

La propia Suprema Corte recogió durante 2024 advertencias de ministros sobre los riesgos que implicaba la elección de juzgadores para la independencia y la impartición de justicia.

Pero la andana del actual régimen no ha terminado. El nuevo episodio que actualmente concentra la discusión es hora los derechos de las audiencias, el cual no fue inventado en 2026 por el Gobierno. Tiene fundamento constitucional y legal previo. El artículo 6º constitucional reconoce el derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, y la legislación en telecomunicaciones contempla derechos de las audiencias.

Lo nuevo es la manera en que el Gobierno está intentando operacionalizar esos derechos mediante los nuevos lineamientos.

La propuesta presentada en julio de 2026 establece, entre otras cosas, que los concesionarios de radio y televisión tengan códigos de ética y personas defensoras de las audiencias, además de mecanismos para recibir y tramitar quejas.

En términos sencillos, de la justificación gubernamental esto significa que una audiencia tendría derecho a saber qué es noticia, qué es opinión y qué es publicidad, y a recibir información que cumpla determinados estándares de pluralidad, oportunidad y veracidad.

¿Quién podría estar en contra de que una persona sepa si está escuchando una noticia o la opinión de un comentarista? ¿Quién podría oponerse a distinguir una inserción publicitaria de una información periodística? El problema aparece cuando la pregunta deja de ser qué derechos tiene la audiencia y pasa a ser de ¿quién decide cuándo un medio incumplió esos derechos y qué consecuencias puede imponerle?

La propuesta sometida a consulta contempla sanciones económicas que pueden llegar, según la conducta y la interpretación aplicable, hasta porcentajes de los ingresos de los concesionarios. La propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha reconocido que las sanciones son uno de los aspectos que más objeciones han generado y que serán revisadas. Es claramente un intento de controlarlo todo.

Es tan claro el lance del oficialismo que en medio de esta discusión, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, presentó desde Palacio Nacional análisis sobre un supuesto "ecosistema digital" que amplificaba narrativas críticas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El episodio del 12 de agosto incluyó nombres de periodistas, medios, analistas y políticos. Entre los nombres señalados aparecieron medios y periodistas ampliamente conocidos. Alcalde rechazó que se tratara de una "lista negra" y explicó que se trataba de un análisis de amplificación digital.

El gobierno que dice que no intenta censurar es el mismo que está proponiendo nuevas reglas para regular la relación entre medios y audiencias estaba, simultáneamente, identificando públicamente a quienes considera integrantes de un ecosistema crítico o adverso.

Si el Gobierno ya identifica públicamente a los periodistas y medios que considera adversarios, ¿qué garantías existen de que una nueva autoridad reguladora no termine utilizándose contra ellos?

Por fortuna y por ahora, la reacción social, mediática, empresarial y política parece haber producido un resultado concreto: el Gobierno ha empezado a modificar su posición.

No ha abandonado los derechos de las audiencias. Tampoco ha renunciado a la figura del defensor de las audiencias ni al código de ética. Pero sí ha abierto la puerta a modificar los aspectos más polémicos, particularmente el régimen de sanciones. La CRT ha confirmado que habrá ajustes después de la consulta pública, cuyo cierre está previsto para el 21 de agosto. Es decir, hay una diferencia importante entre replegarse de la reforma y replegarse de sus aspectos políticamente más costosos.

Por ahora parece entonces que no será aplastado el derecho de la libertad de expresión como lo han hecho en otras áreas, las acusaciones de personajes del morenismo relacionados con narcotráfico y hasta el retiro de visa del hijo del expresidente, parecen por el momento detener la intentona. El tiempo dirá si este derecho se podrá preservar o también será arrebatado.

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