Fundador de Revolut enfrenta demanda por compra de superyate

El fundador de Revolut enfrenta una demanda en Londres por una presunta comisión no pagada tras la compra de un superyate valuado en 350 millones de euros.
El fundador del banco digital Revolut, Nik Storonsky, fue demandado ante el Tribunal Superior de Londres por un corredor especializado en yates de lujo, quien reclama una comisión de 17.5 millones de euros relacionada con la compra de un superyate valuado en 350 millones de euros.
Demanda por presunta comisión impaga
De acuerdo con información del Financial Times, el bróker Cecil Wright, propietario de la firma del mismo nombre, sostiene que Storonsky concretó la adquisición del yate directamente con el vendedor para evitar el pago de la comisión establecida en el contrato de corretaje.
La demanda argumenta que la empresa fue la "causa efectiva" de la operación y, por ello, considera que tiene derecho a recibir una comisión equivalente al 5% del valor de la transacción.
Compra se concretó en enero
Según el reporte, Storonsky contactó a Cecil Wright en octubre de 2024 para gestionar la construcción de una embarcación y posteriormente consultó sobre la disponibilidad de un yate ya terminado.
El intermediario le presentó una embarcación de 102 metros de eslora, construida por el astillero alemán Lürssen, equipada con una piscina de fondo de cristal, club de playa y gimnasio.
Sin embargo, en enero de 2026, un asesor del empresario notificó que la compra se había realizado directamente al propietario del yate, el empresario canadiense y exjugador de hockey sobre hielo Patrick Dovigi.
Caso llegará a tribunales
La firma demandante sostiene que el acuerdo de corretaje sigue siendo válido y que su participación fue determinante para concretar la operación, por lo que solicita el pago de la comisión correspondiente.
Cecil Wright ha participado anteriormente en la gestión de algunos de los yates más exclusivos del mundo, entre ellos el "Madam Gu", de 99 metros, y el "Tango", embarcación que fue incautada por las autoridades españolas.
Hasta el momento, el caso continuará su curso ante el Tribunal Superior de Londres, donde se determinará si procede el reclamo económico presentado por el intermediario.
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