Entra en vigor la 'Ley Chancla' en Aguascalientes; prohíbe castigos corporales a menores
La denominada "Ley Chancla" entró en vigor en Aguascalientes y prohíbe castigos corporales o humillantes contra niñas, niños y adolescentes en cualquier espacio.
Este martes entró en vigor en Aguascalientes la denominada "Ley Chancla", una reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes que prohíbe los castigos corporales o humillantes contra personas menores de edad en cualquier ámbito donde se desarrollen.
Entra en vigor la "Ley Chancla" en Aguascalientes
La disposición forma parte de la reforma y adiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, publicadas el 6 de julio de 2026 en el Periódico Oficial del Estado.
La norma establece la prohibición de castigos corporales o humillantes contra niñas, niños y adolescentes, incluyendo acciones como pellizcos, tirones de cabello o de orejas.
Asimismo, también quedan prohibidas conductas como obligar a niñas, niños o adolescentes a sostener posturas incómodas, provocar quemaduras, la ingesta de alimentos hirviendo u otros productos, así como cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve.
La prohibición aplica en distintos espacios
La legislación señala que esta disposición será aplicable en los espacios donde se desenvuelven las personas menores de edad, como el hogar, escuelas, parques, instituciones y espacios públicos.
Además, con base en el contenido del artículo 46, no se podrá ejercer ningún tipo de violencia, en especial el castigo corporal o físico, así como el castigo humillante, mediante cualquier medio y en cualquiera de sus manifestaciones.
Autoridades deberán garantizar los derechos de menores
La reforma establece que las autoridades locales y del estado tienen la obligación de garantizar el respeto, protección, promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro del ámbito de sus competencias.
También precisa que la violación a estos derechos podría tener repercusiones administrativas y penales, conforme a las normas vigentes en la entidad.
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