Buscan prohibir carta de antecedentes penales para acceder a empleos
Una iniciativa en el Senado busca limitar la carta de antecedentes penales como requisito laboral y favorecer la reinserción social.
Una iniciativa presentada en el Senado de la República busca modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para impedir que las empresas soliciten de manera general la carta de no antecedentes penales como condición para contratar, mantener o ascender a una persona trabajadora.
La propuesta, impulsada por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, todavía se encuentra en proceso legislativo, por lo que la prohibición no está vigente.
¿Qué cambiaría con la reforma?
El proyecto plantea adicionar una fracción al artículo 133 de la LFT para prohibir que los empleadores utilicen constancias o documentos sobre antecedentes penales como filtro automático para obtener un empleo, conservarlo o recibir una promoción.
La restricción tendría excepciones. El documento podría solicitarse cuando una disposición legal lo establezca expresamente y el requisito sea directo, necesario y proporcional a las funciones del puesto.
De esta manera, una empresa no podría establecer por política interna que todas las personas aspirantes presenten una carta de antecedentes penales sin demostrar una razón objetiva relacionada con el trabajo.
¿Cómo ayudaría a la reinserción social?
Uno de los principales objetivos de la propuesta es facilitar la reinserción social de personas que cumplieron una sentencia y buscan regresar al mercado laboral formal.
El trabajo y la capacitación son elementos reconocidos dentro del modelo de reinserción social, por lo que mantener barreras laborales automáticas puede dificultar que una persona reconstruya su proyecto de vida después de cumplir una condena.
La iniciativa parte de la idea de que un antecedente penal no necesariamente refleja las capacidades actuales de una persona ni demuestra que represente un riesgo para cualquier actividad laboral.
Permitir el acceso al empleo formal también puede favorecer la estabilidad económica, autonomía y reincorporación comunitaria, mientras que la exclusión laboral puede aumentar las dificultades para completar el proceso de reinserción.
¿Las empresas ya tienen prohibido pedirla?
No. La modificación todavía no forma parte de la Ley Federal del Trabajo vigente.
Para que la prohibición sea obligatoria tendría que avanzar en el proceso legislativo, ser aprobada por el Congreso, remitida al Ejecutivo y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Por ello, actualmente no puede afirmarse que todas las empresas tengan prohibido solicitar este documento.
¿En qué casos sí podría solicitarse?
La propuesta no pretende eliminar todas las verificaciones de antecedentes.
Existen actividades en las que la legislación puede establecer requisitos específicos debido a la naturaleza de las funciones, particularmente en determinados cargos públicos, instituciones de seguridad o empleos que impliquen responsabilidades especiales.
La Ley Nacional de Ejecución Penal contempla supuestos específicos para la expedición de constancias de antecedentes penales. La iniciativa busca que estas excepciones se mantengan cuando exista una justificación legal y una relación concreta con las funciones del puesto.
El principio sería que la revisión no se convierta en un requisito indiscriminado para cualquier vacante.
¿Por qué puede ser discriminatorio?
La solicitud automática de antecedentes puede provocar que una persona sea descartada antes de que el empleador valore su experiencia, preparación, capacidades y desempeño.
Además, un antecedente puede corresponder a circunstancias que no tienen relación con las responsabilidades del puesto solicitado ni representan necesariamente un riesgo actual.
La propuesta busca que las empresas evalúen los requisitos laborales de manera proporcional y eviten convertir el pasado penal de una persona en una causa automática de exclusión.
Ventajas para trabajadores y empresas
Para quienes ya cumplieron una condena, la principal ventaja sería contar con mayores posibilidades de acceder a un empleo formal sin ser descartados automáticamente por su historial.
Esto podría contribuir a la reinserción social, reducir barreras de acceso al mercado laboral y permitir que las personas sean evaluadas principalmente por sus capacidades y experiencia.
Para las empresas, el cambio podría impulsar procesos de contratación más enfocados en las competencias necesarias para cada puesto y reducir prácticas que puedan generar controversias por discriminación laboral.
Sin embargo, también implicaría revisar políticas de recursos humanos, formularios y procedimientos de contratación para determinar cuándo una verificación de antecedentes está legalmente justificada.
¿Qué riesgos tendría la reforma?
El principal desafío sería definir con claridad los puestos en los que una revisión de antecedentes resulta legítima y necesaria. Una regulación demasiado amplia podría generar incertidumbre para empresas que requieren controles específicos por la naturaleza de sus actividades.
También sería necesario evitar que la eliminación del requisito general se interprete como una prohibición absoluta de realizar verificaciones cuando una ley las establezca.
Por ello, el criterio de necesidad y proporcionalidad sería fundamental para equilibrar el derecho a la reinserción laboral con las obligaciones de seguridad que puedan existir en determinadas actividades.
Una discusión que lleva varios años
El debate sobre las cartas de no antecedentes penales no es nuevo. En 2021, una comisión del Senado aprobó una propuesta para limitar su utilización en el empleo.
En 2023, el Pleno del Senado aprobó con 69 votos a favor otro proyecto relacionado con la prohibición de utilizar los antecedentes penales como motivo automático para rechazar a una persona cuando estos no tuvieran relación con el puesto.
Sin embargo, la prohibición específica todavía no se incorporó a la LFT vigente.
La nueva iniciativa retoma esta discusión y plantea establecer una regla más clara para impedir que los antecedentes penales funcionen como una barrera laboral general.
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