Mandar a los criminales de baja gravedad a programas de rehabilitación muestra beneficios

Un programa de Wisconsin que dirige a los sospechosos de delitos menores relacionados con las drogas hacia tratamiento en lugar de encarcelamiento está demostrando ser efectivo, según un estudio reciente.

Los investigadores que evaluaron la Iniciativa de Recuperación del Área de Madison (MARI, por sus siglas en inglés) hallaron que los delincuentes no violentos que recibieron una evaluación clínica y seis meses de tratamiento por abuso de sustancias tenían menores probabilidades de ser arrestados, encarcelados o morir por sobredosis en el año siguiente a su arresto inicial.

La Dra. Aleksandra Zgierska, coautora del estudio y profesora de ciencias de la salud pública en la Universidad Estatal de Pensilvania, comentó: "Muchos sectores de nuestra comunidad, más allá de los proveedores clínicos, los pacientes y sus familias, están involucrados en la adicción o se ven afectados por ella y buscan soluciones innovadoras". También señaló que abordar los delitos relacionados con el consumo de drogas puede ser un punto de intervención eficaz para facilitar el tratamiento de la adicción, que se ha demostrado que mejora la salud y la calidad de vida y reduce la criminalidad.

La iniciativa MARI surgió de discusiones entre Zgierska y dos capitanes de policía de Madison sobre cómo las fuerzas del orden pueden contribuir a enfrentar la epidemia de opioides y los delitos asociados. Joseph Balles, coautor del estudio y capitán de policía retirado que lideró el proyecto, destacó la importancia de implementar prácticas policiales basadas en evidencia y centradas en la comunidad.

El programa ofrece a los adultos acusados de delitos menores relacionados con el consumo de drogas acceso a tratamiento personalizado, asesoramiento, apoyo entre pares y servicios de recuperación, en lugar de ser arrestados o procesados. Durante el tratamiento, los cargos penales se suspenden, y se eliminan para aquellos que completan exitosamente el programa de seis meses.

El proyecto ha sido objeto de otros estudios y se ha convertido en un modelo para iniciativas en todo el país y para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La Dra. Jennifer Nyland, primera autora del estudio y profesora asistente de ciencias neuronales y conductuales en la Universidad Estatal de Pensilvania, destacó que los antecedentes penales pueden obstaculizar el acceso a recursos esenciales para la recuperación, como la vivienda y el empleo.

Entre septiembre de 2017 y agosto de 2020, 263 personas se inscribieron en el programa; de ellas, 103 participaron y 100 completaron el tratamiento con éxito. Comparando los grupos, los que no completaron el programa tenían 3.6 veces más probabilidades de ser arrestados y 21 veces más probabilidades de ser encarcelados en los 12 meses siguientes. Aquellos que no participaron tenían 3.9 veces más probabilidades de ser arrestados y 10.3 veces más probabilidades de ser encarcelados.

Un año después, el 5.8% de los que no se involucraron y el 3.3% de los que empezaron pero no finalizaron el programa sufrieron una sobredosis fatal, en comparación con el 2% de los que completaron el tratamiento. Los que no participaron tendían a ser más mujeres, tener antecedentes penales más extensos y carecer de vivienda permanente.

Los resultados de este estudio se publicaron en la edición de octubre de la revista *Journal of Substance Use and Addiction Treatment*. Balles expresó su orgullo al afirmar que muchos participantes se sorprenden al darse cuenta de que fue la aplicación de la ley la que los condujo a la recuperación.