Un aspecto del debate sobre el aborto que suele pasarse por alto son los altos costos médicos y de transporte que enfrentan las mujeres que deben viajar fuera de su estado para acceder al procedimiento.
Un estudio reciente, el primero en ofrecer cifras específicas sobre esta situación, revela que el 65% de las mujeres que viajaron a otro estado para abortar incurrieron en gastos "catastróficos" que las obligaron a recortar necesidades básicas.
Este impacto es aún más severo en mujeres de hogares con bajos ingresos, para quienes estos gastos pueden causar efectos "devastadores y duraderos", generando niveles elevados de deuda, inseguridad financiera, problemas de salud y mayor empobrecimiento, según Ortal Wasser, investigadora en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Nueva York.
La investigación resalta que muchas de estas mujeres no cuentan con seguro de salud y provienen, en su mayoría, de familias con bajos ingresos. El estudio, basado en datos previos a la anulación de Roe v. Wade en 2022, analizó las experiencias de 675 mujeres encuestadas en clínicas de California, Illinois y Nuevo México en 2019. Más de dos tercios buscaban el procedimiento en las primeras 12 semanas de embarazo.
Los estudios previos también indican que las mujeres que viajan para obtener un aborto gastan, en promedio, un tercio de su ingreso mensual en este proceso. Para cubrir esos gastos, muchas recurrieron a préstamos, vendieron pertenencias personales o recortaron en necesidades como alimentos, servicios y alquiler.
El estudio actual reafirma estas historias de dificultad: el 42% de las mujeres, tanto las que viajaron como las que no, enfrentaron gastos que afectaron su capacidad de cubrir necesidades básicas. Este porcentaje aumentó a un 65% en el caso de quienes debieron salir de su estado.
Estos costos añadidos intensifican el estrés en una situación ya complicada, elevando significativamente los niveles de ansiedad y depresión.
Dada la situación posterior al fallo Dobbs, que obliga a más mujeres a viajar largas distancias, los investigadores sugieren ampliar la cobertura de aborto mediante Medicaid o seguros privados, para asegurar un acceso equitativo sin importar el estado de residencia.