Un informe sobre la Evaluación Integral del Derecho a la Salud 2023-2024, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), presenta un análisis detallado del estado actual del derecho a la salud en México. Este documento identifica desafíos clave y propone medidas estratégicas para su mejora.
Este informe es fundamental en un momento en que el sistema de salud mexicano enfrenta importantes dificultades, como la fragmentación, segmentación y una inversión insuficiente que afecta la calidad y la accesibilidad de la atención médica.
Uno de los problemas más críticos resaltados es la baja inversión en el sector salud, que se encuentra por debajo del 6% del PIB recomendado por la OMS. Esto impacta de manera directa la calidad y el alcance de los servicios que se ofrecen a la población.
Además, el gasto de bolsillo en México representa el 42.1% del gasto total en salud, una cifra que duplica el máximo recomendado por la OPS, lo que ha llevado a un incremento en los gastos catastróficos para las familias mexicanas.
El porcentaje de la población que ha enfrentado gastos catastróficos en México se ha duplicado, aumentando del 2.4% al 4.4% entre 2018 y 2020.
En respuesta a estos desafíos, la administración federal 2024-2030 ha implementado iniciativas como la creación del OPD IMSS-Bienestar, con el objetivo de reducir el gasto de bolsillo y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud.
No obstante, para que el derecho a la salud en México sea verdaderamente garantizado, CONEVAL subraya la necesidad de adoptar un enfoque más integral y coordinado.
La propuesta de CONEVAL incluye la creación de un fondo nacional de salud y el desarrollo de un paquete de servicios estandarizado que asegure el financiamiento adecuado para enfermedades de alto costo y baja incidencia, así como para condiciones prevenibles.
Estas medidas están diseñadas para abordar de manera directa los problemas de acceso y calidad, mejorando la prevención y atención de enfermedades a nivel nacional. Esto permitirá una distribución más equitativa de recursos y un monitoreo más efectivo de los indicadores de salud en todo el país.