Todo por la propuesta del nuevo gobierno de coalición del país, que planea eliminar la prohibición de fumar para financiar los recortes fiscales que prometió durante la campaña electoral.
La ley aprobada en diciembre del año pasado tuvo repercusión internacional por lo ambicioso y revolucionario de su concepto.
No se trataba una prohibición inmediata del tabaco sino un plan para que en un futuro las personas no fumen.
Sin embargo, el recién formado gobierno liderado por el primer ministro Chris Luxon hizo alusión al impacto negativo que la nueva legislación había generado en las arcas públicas para justificar sus planes.
La ley que fue introducida bajo el gobierno de Jacinda Ardern tenía como objetivo prohibir la venta de cigarrillos a partir del próximo año a cualquier persona nacida después de 2008.
El argumento se basó en el problema sanitario que genera el consumo de tabaco, la principal causa de muertes evitables en Nueva Zelanda.
El objetivo de esta medida era impedir que las generaciones jóvenes se iniciaran en el hábito de fumar aumentando progresivamente la edad mínima para comprar cigarrillos.
Las leyes también habrían retirado los productos del tabaco del 90% de los minoristas neozelandeses que actualmente los venden y habrían reducido el nivel de nicotina de los cigarrillos.
Según los modelos de salud pública del país, las leyes antitabaco podrían salvar hasta 5.000 vidas al año.
"Estamos consternados y disgustados... se trata de un paso increíblemente retrógrado en unas medidas sanitarias excelentes que son pioneras en el mundo", declaró el profesor Richard Edwards, investigador de políticas de control del tabaco y experto en salud pública de la Universidad de Otago.
"La mayoría de los grupos sanitarios de Nueva Zelanda están consternados por lo que ha hecho el gobierno y le piden que dé marcha atrás", declaró a la BBC.
Se cree que las leyes neozelandesas han inspirado a otros gobiernos como el británico a implementar una prohibición similar para los jóvenes.
Necesidades y política
Aunque la política sanitaria había sido elogiada por expertos médicos, también suscitó la oposición de grupos empresariales, como los propietarios de quioscos y tiendas minoristas, que criticaron la pérdida de ingresos, incluso con subvenciones públicas.
Algunos legisladores, entre ellos el primer ministro Chris Luxon, incluso argumentaron que la prohibición daría lugar a un mercado negro del tabaco.
Sin embargo, su partido, el National de centro-derecha, que obtuvo el 38% de los votos en las elecciones del 14 de octubre, no hizo mención a las leyes antitabaco durante la campaña.
Por lo que el anuncio de que el gobierno derogaría las leyes hecho el sábado por la nueva ministra de Economía, Nicola Willis, causó conmoción en gran parte del país y en especial entre los expertos en salud, que creían que estarían a salvo en un gobierno liderado por este partido.
El hecho de que no fuera así se explica en las alianzas que tuvo que buscar con dos partidos minoritarios para formar gobierno a pesar de su victoria electoral.
El acuerdo se alcanzó el viernes, seis semanas después de las elecciones, lo que permitió que el nuevo gobierno tomara posesión este lunes.
Willis afirmó que los socios en la coalición de gobierno -el populista New Zealand First y el libertario Act- habían "insistido" en revocar la legislación sobre espacios sin humo.
Así como bloquear una emblemática política nacional de apertura a la propiedad extranjera, en la que el partido había confiado para financiar recortes fiscales para las rentas medias y altas.
Willis explicó que eso había llevado al partido a buscar en otra parte.
"Tenemos que recordar que los cambios en la legislación sobre espacios sin humo tuvieron un impacto significativo en las cuentas del gobierno, con cerca de US$1.000 millones ", dijo a Newshub Nation, de la cadena neozelandesa TV3.
Las leyes todavía tienen que ser derogadas activamente por el parlamento, donde el gobierno tiene mayoría.
Dirección contraria
Los expertos en salud pública han sido algunos de los críticos más airados al drástico cambio de dirección del gobierno.
Una organización nacional de salud maorí, Hāpai Te Hauora, la calificó de "golpe desmesurado a la salud y el bienestar de todos los neozelandeses".
Las índices de personas que fuman, y las enfermedades y problemas de salud asociados al consumo de tabaco, son más elevadas entre la población indígena maorí de Nueva Zelanda, para la que los expertos habían dicho que la política tendría el impacto más positivo.
"La sugerencia de que los recortes fiscales sean pagados por las personas que siguen fumando es absolutamente chocante", declaró a Pacific Media Network el profesor emérito Robert Beaglehole, presidente del comité Action for Smokefree 2025 de Nueva Zelanda.
"El gobierno está haciendo caso omiso de la opinión pública y, obviamente, de la inmensa mayoría de las personas que trabajan en este campo, profesionales de la salud, médicos y enfermeros", afirmó el profesor Edwards.
Los estudios de salud pública realizados en 2022 habían demostrado que la política para eliminar el hábito de fumar habría ahorrado al sistema sanitario neozelandés unos US$790 millones en los próximos 20 años.
Nueva Zelanda sigue aspirando a reducir su tasa nacional de tabaquismo al 5% para 2025, con el objetivo de llegar a eliminarlo por completo.
Más de 80.000 adultos han dejado de fumar en el último año, según registra la base de datos nacional, mientras que se calcula que actualmente solo fuma alrededor del 8% de su población adulta.
