¿Y si la FGR fuera realmente autónoma?

En 2014 se realizó una importante reforma a la Constitución. La añeja Procuraduría General de la República se convertiría en la Fiscalía General de la República. No era un simple cambio de nombre, sino una innovación estratégica. La nueva FGR gozaría de autonomía constitucional, ya no sería más una dependencia del Ejecutivo. Se trataba de que uno de los eslabones claves en el proceso de impartición de justicia no fuera una dependencia del presidente. Se intentaba, eso se proclamó, que la impartición de justicia no fuera dependiente de los humores políticos. Que la investigación de los delitos no fuera opacada por las suspicacias.

Se pretendía formar un cuerpo de profesionales de una institución del Estado autónoma, capaz de indagar los delitos sin filias ni fobias, es decir, una Fiscalía que actuara sin estar subordinada al presidente ni a ninguna otra fuerza política. Un intento modernizador en el mejor sentido de la palabra que si cuajaba debería sustraer del debate político el primer eslabón del difícil proceso de impartición de justicia. De ahí lo barroco del nombramiento del Fiscal que duraría en su encargo nueve años: el Senado debería enviar al presidente una lista de diez candidatos, el titular del Ejecutivo regresaría una terna y el nombramiento definitivo se haría a través de una votación calificada de dos terceras partes (artículo 102 de la Constitución).

Pero las pulsiones autoritarias van en sentido contrario. Andrés Manuel López Obrador primero y la presidenta han querido y podido subordinar a la fiscalía a sus deseos (sobre todo en los temas más delicados). No es raro: ese resorte se alimenta de una añeja tradición bien implantada en el país, y de una siempre renovada querencia, la de concentrar el poder en el Ejecutivo. Se descabezó a una Corte independiente para substituirla por una dócil y sumisa ante el presidente(a). Se sobre representó a los partidos de la coalición mayoritaria en la Cámara de Diputados para que ese cuerpo colegiado “no le cambiara ni una coma” a las iniciativas presidenciales. Se cancelaron órganos autónomos del Estado porque eran autónomos y no seguían los dictados que emanaban de Palacio Nacional. De tal suerte que una fiscalía obediente y manejable por la presidenta parece un bocado apetitoso. En el código autoritario nadie, ninguna institución o persona, debe hacerle sombra al Jefe o la Jefa.

No obstante, esa pretensión cumplida, viene convirtiéndose en un bumerang para la propia presidenta. Dado que todo el mundo sabe que la fiscal no se manda sola, que es una más de las instituciones bajo su mando, entonces las acciones u omisiones de la Fiscalía acaban siendo responsabilidad de la presidenta. Y cada caso se sobre politiza al máximo.

Imaginemos por un minuto que México contara con una Fiscalía como la que diseñó el legislador hace 12 años: autónoma, por encima de las pasiones que de manera natural desata el combate político, confiable porque la titular no es militante de algún partido, es decir, una fiscalía comprometida con una sola causa: la de indagar violaciones a la ley de manera imparcial. Si ello existiera, la propia presidenta sería su primera beneficiaria. Nadie podría echarle en cara que se indague o se deje de indagar a X o Y, porque ella no sería la responsable de esos asuntos.

Pero no. Los autoritarios que todo lo concentran creen que la acumulación de facultades los fortalece, cuando, realmente, en muchos casos los debilita. ¿Se acuerdan de aquel coloso con pies de barro?

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