Vapeadores mueven dinero entre jóvenes pese a la prohibición en PN

La advertencia fue realizada por Antonio Pulido, coordinador del área del Infante y la Juventud de la Jurisdicción Sanitaria.

El consumo de vapeadores no solamente representa un problema de salud pública, también se ha convertido en una actividad que mueve dinero entre consumidores y vendedores en Piedras Negras, aun cuando desde enero de este año está prohibida en México la fabricación, distribución y comercialización de estos dispositivos.

La advertencia fue realizada por Antonio Pulido, coordinador del área del Infante y la Juventud de la Jurisdicción Sanitaria, quien señaló que debe prestarse especial atención a los adolescentes mayores de 15 años, debido a que es uno de los grupos donde se ha detectado mayor consumo. Incluso, explicó que algunos jóvenes tienen su primer contacto con la nicotina mediante un vapeador antes de probar un cigarro convencional.

El fenómeno tiene además una dimensión económica que resulta difícil ignorar. De acuerdo con información difundida a partir de la ENCODAT 2025, el consumo de cigarros electrónicos en México alcanzó 2.6 por ciento entre la población de 12 a 65 años, mientras que entre adolescentes de 12 a 17 años llegó a 3.1 por ciento. En términos nacionales, esto representa cientos de miles de menores que han tenido contacto reciente con este tipo de productos.

En Coahuila, reportes derivados de la misma encuesta señalan que el consumo entre adolescentes prácticamente se duplicó respecto a mediciones anteriores, reflejando que el vapeo dejó de ser un producto de nicho para convertirse en una práctica con presencia creciente entre jóvenes. Los datos fueron retomados por medios estatales a partir de los resultados de la ENCODAT 2025.

En Piedras Negras, el acceso tampoco parece haberse detenido con las restricciones. En redes sociales todavía pueden encontrarse referencias de establecimientos y vendedores que ofrecen dispositivos, mientras que algunos negocios especializados han aparecido registrados en la ciudad. Esto evidencia que existe una demanda que continúa generando movimiento comercial pese al nuevo marco legal.

Los precios también ayudan a dimensionar el gasto. En el mercado mexicano se pueden encontrar dispositivos con precios que rondan entre los 110 y 300 pesos para algunos modelos, aunque existen equipos de mayor capacidad cuyo costo puede ser superior. Algunas publicaciones comerciales dirigidas a consumidores de Piedras Negras incluso promocionan paquetes de varios dispositivos, lo que permite observar que el producto se comercializa también por volumen.

Para un joven que adquiere un dispositivo de 200 pesos cada semana, el desembolso alcanzaría aproximadamente 800 pesos mensuales y 9 mil 600 pesos al año. Si el consumo aumenta a productos de mayor precio o frecuencia, el gasto puede superar fácilmente los mil pesos mensuales, dinero que termina destinado a un producto cuya comercialización está prohibida.

El tamaño del mercado ayuda a entender por qué la prohibición representa también un reto económico. Estimaciones citadas por medios nacionales ubican el mercado mexicano de vapeadores en alrededor de mil 100 millones de dólares anuales antes de las nuevas restricciones. La dimensión del negocio explica parte de la dificultad para desaparecer estos productos de los puntos de venta y de los canales informales.

Desde el 16 de enero de 2026, la legislación federal contempla sanciones de uno a ocho años de prisión y multas que pueden ir de 100 a 2 mil UMAs para quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen estos productos. Con el valor de la UMA vigente, las sanciones pueden representar desde poco más de 11 mil hasta más de 226 mil pesos.

Pulido consideró necesario fortalecer la información dirigida a los jóvenes, particularmente porque el precio relativamente accesible, los sabores y la facilidad para conseguir estos dispositivos pueden favorecer que más adolescentes comiencen a consumirlos.

En Piedras Negras, el reto para las autoridades consiste ahora en reducir tanto el acceso como la demanda, mientras que para las familias representa un gasto que puede pasar desapercibido, pero que acumulado durante meses puede representar miles de pesos destinados a un producto cuyo comercio ya está fuera de la ley.

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