UIF oculta hasta 2029 los nombres de sus funcionarios por seguridad
La UIF reservó por cinco años los nombres de sus funcionarios y sus declaraciones patrimoniales, al argumentar riesgos de seguridad, extorsión y amenazas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo reserva, por un periodo de cinco años, los nombres de sus funcionarios y, con ello, sus declaraciones patrimoniales, bajo el argumento de que revelar esos datos podría poner en riesgo la seguridad e incluso la vida de los servidores públicos.
UIF reserva nombres de sus funcionarios
La decisión fue establecida a partir de una solicitud de información presentada en mayo de 2024, en la que un particular pidió conocer los nombres de los funcionarios que integraban la UIF.
La dependencia respondió que cualquier dato que permita identificar a su personal debe considerarse información reservada, debido a los riesgos que podría representar para los servidores públicos encargados de analizar movimientos financieros irregulares.
La UIF argumentó que la difusión de estos datos podría facilitar que personas investigadas intentaran extorsionar, sobornar, amenazar o atentar contra funcionarios para obtener información relacionada con las investigaciones.
La reserva, de acuerdo con la resolución citada, concluirá el 31 de mayo de 2029, aunque existe la posibilidad de ampliarla por cinco años adicionales, hasta alcanzar un periodo de 10 años.
Argumentan riesgo de obtener información privilegiada
Entre los argumentos utilizados por la UIF está el riesgo de que personas investigadas puedan identificar a los servidores públicos encargados de determinadas tareas y buscar obtener información privilegiada sobre las indagatorias.
La dependencia señaló que conocer la identidad de sus funcionarios podría afectar las acciones de prevención de delitos que realiza y generar condiciones para que los servidores sean presionados para revelar información sobre sus métodos y procedimientos.
De acuerdo con la justificación presentada, la divulgación de los datos podría poner en riesgo la seguridad, la salud y la vida del personal de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La UIF también reserva nombres en solicitudes de transparencia
La clasificación también alcanza a funcionarios que participan en la elaboración, revisión y autorización de respuestas a solicitudes de información.
En estos documentos, los nombres y apellidos de los servidores públicos no aparecen completos y son sustituidos por siglas.
El texto proporcionado señala como ejemplo una solicitud presentada en junio, relacionada con renuncias, bajas o separaciones de funcionarios de la UIF entre el 1 y el 18 de mayo, vinculadas con la elaboración de dictámenes sobre funcionarios de Sinaloa investigados públicamente.
En la respuesta, el director general de Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF indicó que no había localizado la información solicitada, pero tampoco proporcionó su nombre completo debido a la reserva establecida previamente.
Reserva podría extenderse hasta 10 años
La UIF fundamentó la clasificación en las disposiciones de transparencia que permiten reservar información cuando su divulgación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona.
La dependencia consideró que cinco años es un periodo adecuado para proteger la integridad de los servidores públicos que realizan actividades relacionadas con la prevención de delitos.
Sin embargo, la propia resolución establece que la clasificación puede prorrogarse por otros cinco años, dependiendo de las circunstancias del caso.
La UIF indicó que la reserva se realiza de conformidad con el artículo 112, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según la información proporcionada.
La reserva alcanza a las declaraciones patrimoniales
Al mantener bajo reserva los datos que permiten identificar al personal de la UIF, también permanecen protegidas las declaraciones patrimoniales asociadas con esos funcionarios, de acuerdo con la información proporcionada.
El argumento central de la dependencia es que la identificación de su personal podría permitir a personas investigadas ubicar a servidores públicos que tienen acceso a información relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y otros delitos vinculados.
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