Trabajadores de Nayarit enfrentan procesos tras protestar por prestaciones laborales
Trabajadores sindicalizados del Gobierno de Nayarit denunciaron que enfrentar procesos penales y consecuencias laborales luego de participar en protestas para exigir el pago de prestaciones y recursos para el fondo de pensiones.
Empleados afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) señalaron que las movilizaciones realizadas contra la administración del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero derivaron en investigaciones por delitos como apología del delito, ataques a las vías de comunicación y coalición de servidores públicos.
Los trabajadores aseguran que sus protestas fueron ejercicios amparados por el derecho a la libre manifestación, mientras que la Fiscalía General del Estado abrió carpetas de investigación contra quienes participaron o llamaron a otros empleados a sumarse a las movilizaciones.
Trabajadores denuncian uso de la Fiscalía para frenar protestas
Integrantes del SUTSEM acusaron que la Fiscalía estatal fue utilizada para intimidar a representantes sindicales y reducir la participación de empleados en las protestas.
Entre las personas procesadas se encuentra Luz Adriana Rodríguez Rodríguez, trabajadora de la propia Fiscalía General del Estado y representante sindical, quien aseguró que su participación se limitó a acompañar las demandas de sus compañeros.
La trabajadora afirmó que acudió a ruedas de prensa y movilizaciones debido a la responsabilidad que le otorgaron sus compañeros como representante sindical, luego de más de dos décadas de servicio.
Acusan que pruebas fueron publicaciones en redes sociales
De acuerdo con los trabajadores y su defensa, parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron fotografías, videos y publicaciones realizadas en redes sociales del sindicato.
Los empleados señalaron que estos materiales únicamente demostraban su presencia en conferencias, plantones y manifestaciones, pero que no acreditaban la planeación de actos violentos ni daños a bienes públicos.
La Fiscalía, en cambio, consideró que dichas publicaciones podían demostrar una posible incitación a participar en movilizaciones que incluyeron bloqueos temporales de vialidades.
Señalan consecuencias laborales tras procesos
Los trabajadores denunciaron que el proceso penal también tuvo efectos en su situación laboral, pues algunos fueron separados de sus puestos, tuvieron reducciones salariales o fueron señalados públicamente por su participación en las protestas.
Explicaron que varios de los empleados involucrados cuentan con más de 20 y 30 años de servicio dentro de la administración pública estatal.
Debate entre protesta social y aplicación de la ley
El caso ha generado una discusión sobre los límites entre el derecho a la manifestación pública y la aplicación de sanciones penales contra servidores públicos.
La defensa de los trabajadores sostiene que las movilizaciones formaban parte de sus demandas laborales y del ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución mexicana, como la libertad de expresión, reunión y manifestación.
Por su parte, las autoridades deberán determinar durante el proceso judicial si las conductas señaladas constituyen delitos o si se trató de acciones vinculadas con la actividad sindical.
protestas: Ofertas de empleo falsas y videojuegos: Las nuevas trampas de la trata
Agencias de la ONU advirtieron sobre el aumento de la trata de personas obligadas a cometer estafas digitales y urgieron a fortalecer la cooperación transfronteriza. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, agencias de la Organización de las Naciones Unidas -- leer más
Noticias del tema