Rocha Moya: se acaba el tiempo

Hace unas semanas conté en este espacio una escena que parecía salida de una novela política. El entonces gobernador en funciones de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compartía una comida con algunos de sus colaboradores más cercanos y sus cuatro hijos. Entre mariscos frescos y callo de hacha —su platillo favorito— soltó una frase que uno de los presentes conserva intacta en la memoria. “A mí si no me matan los Chapitos o el Mayo, voy a acabar como El Chapo, en una cárcel de Estados Unidos”.

La frase era una confesión o una cuenta regresiva. El expediente abierto por el Departamento de Justicia estadounidense no se ha detenido. Al contrario: mientras en México la discusión gira alrededor de la soberanía nacional por la captura de Ismael El Mayo Zambada, en Estados Unidos la investigación contra Rocha y otros exfuncionarios sinaloenses y un senador sigue avanzando. La acusación se basa en una presunta colusión entre autoridades estatales y la facción de Los Chapitos para facilitar operaciones, brindar protección institucional y recibir beneficios políticos y económicos.

La respuesta del gobierno mexicano no ha variado demasiado desde abril. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos debe presentar pruebas y rechazó que existan elementos suficientes para ejecutar una detención provisional. El Gabinete de Seguridad, dijo, nunca tuvo indicios de que Rocha Moya colaborara con el Cártel de Sinaloa. Morena cerró filas con uno de los suyos y convirtió el caso en un diferendo diplomático más que en un problema de procuración de justicia.

Sin embargo, el contexto ha cambiado con el paso de los días. Las memorias del exembajador Ken Salazar sostienen que ningún agente estadounidense viajó en el avión que trasladó al Mayo a Texas. Afirma que el capo fue traicionado por Joaquín Guzmán López y que Washington sólo intervino cuando la aeronave aterrizó en Estados Unidos. El libro también revela la enorme preocupación que existía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por las posibles declaraciones de Zambada ante fiscales estadounidenses y el efecto político que podrían tener.

Este martes Sheinbaum cuestionó si Salazar mintió durante casi dos años sobre la participación de agencias estadounidenses y volvió a exigir que Washington explique exactamente qué ocurrió el 25 de julio de 2024. El Gabinete de Seguridad presentó una nueva cronología del caso y reiteró que México sigue sin conocer quién apagó el sistema de rastreo del avión, cómo cruzó el espacio aéreo nacional y cuál fue el grado real de participación de las autoridades estadounidenses.

La insistencia del gobierno mexicano tiene una explicación política, porque si la captura del Mayo fue un “secuestro ilegal” ejecutado sin autorización del Estado mexicano, la discusión se desplaza hacia la violación de la soberanía. Si, por el contrario, prevalece la versión de una traición entre integrantes del propio Cártel de Sinaloa, inevitablemente vuelve a cobrar fuerza la carta en la que Zambada aseguró que acudía a una reunión para mediar un conflicto entre Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén antes de ser emboscado y entregado a Estados Unidos.

Durante meses, Rocha Moya se intentó desvincular y respondió con las mismas frases. “No soy narco”. “Nunca me llegaron a mí las tentaciones”. “Me quieren hacer narco a fuerza”. Pero desde que el Mayo lo colocó como artífice de aquella reunión, su defensa se desbarató.

La guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza, detonada después de aquella captura, ha dejado miles de muertos y desaparecidos, además de que ha destruído buena parte de la economía sinaloense. Mientras tanto, el caso en Estados Unidos sigue su curso y cada vez más cerca de que le llegue la hora al gobernador con licencia. Fuentes estadounidenses aseguran que hay solo dos caminos para Rocha Moya: o lo entrega México a EU, luego de que se hagan públicas las “pruebas” que exige el gobierno mexicano, o simplemente vienen por él, como lo hicieron presumiblemente con el Mayo Zambada.

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