Rocha Moya, la punta del iceberg

El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve de sus cercanos -funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el senador Enrique Inzunza- han sido acusados formalmente por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, tráfico de drogas, delitos relacionados con armas y secuestro.

La bomba llegó en un comunicado del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, quien terminó de confirmar los rumores que se venían difundiendo durante días y de respaldar las acusaciones que personajes públicos han hecho en México, ante la defensa a ultranza de las huestes morenistas, incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador, padrino político de Rocha.

En más de una ocasión, López Obrador le dio espaldarazos desde Palacio Nacional, validando, por ejemplo, la versión falsa sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén, ocurrido después de reunirse con Ismael "El Mayo" Zambada; reunión a la que, por cierto, Rocha Moya ha negado haber acudido.

¿Qué dirán ahora los gobernadores y cuadros de la 4T que se rasgaron las vestiduras ante los señalamientos contra su gobernador? ¿Enrique Inzunza tiene algo que decir? Apenas esta semana acusaba airadamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la "injerencia" de agentes extranjeros en territorio mexicano y por colaborar en el desmantelamiento de un laboratorio.

¿El gobierno federal, con sus múltiples operativos, no vio nada? ¿Lo van a negar y seguir defendiendo lo indefendible? ¿O van a recurrir a la figura del traslado, como lo hicieron con decenas de capos que, sin extradición de por medio, enviaron como ofrenda al presidente de Estados Unidos? ¿Fast track para Rocha Moya o protección y negación?

Por lo pronto, el gobierno adelanta su posición al informar que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, que serán turnadas a la FGR; pero agrega que los documentos enviados "no cuentan con elementos de prueba para determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional", y que será la Fiscalía la que determine si hay o no elementos para proceder contra los señalados por narcotráfico.

México debería sentirse obligado a actuar ante la avalancha estadounidense y pedir explicaciones, como lo intentaron hacer con Maru Campos. Hay que saber qué dice Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, por el enredo del huachicol fiscal descubierto en Tampico. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, por la violencia incesante en su estado, más recientemente en Taxco, con el secuestro del alcalde y su padre. Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, por su presunta relación -y la de su exesposo- con el crimen organizado, lo que le valió a él la cancelación de su visa. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por Teuchitlán.

Mientras Estados Unidos le pone el cascabel al gato, los mexicanos seguiremos esperando a que los tiempos políticos, los intereses personales y las relaciones criminales dejen de interponerse entre el ciudadano y la verdad.

Por ahora, por lo menos, que les quede claro que, como decía el clásico: tonto el que cree que el pueblo es tonto.

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