Rocha Moya: 142 días y Trump exige detener a los “narcopolíticos”

Han pasado 142 días desde que Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La petición llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores el 28 de abril y fue turnada a la FGR. México no ha detenido al gobernador ni a los otros imputados, mientras que dos de los acusados que cruzaron la frontera ya están bajo custodia estadounidense.

La fecha cobra relevancia por dos temas que se cruzaron durante los festejos patrios. La presidenta Claudia Sheinbaum cerró su segundo Grito con una arenga que sintetizó la posición de su gobierno frente a Estados Unidos. “¡Viva México libre, independiente y soberano!”, exclamó en el Zócalo. La soberanía ha sido su principal argumento para rechazar cualquier intento de intervención y exigir pruebas contra los funcionarios mexicanos señalados.

Ese mismo 15 de septiembre, Donald Trump presentó al Congreso estadounidense su determinación anual sobre los principales países de tránsito y producción de drogas ilícitas. El documento, difundido al día siguiente por el Departamento de Estado, colocó sobre la mesa una nueva exigencia. México debe “identificar, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que se han coludido con los cárteles”, escribió el presidente. Esos servidores públicos, agregó, han traicionado “la seguridad y la soberanía de su propio país”. Es la primera vez que lo plantea expresamente en una determinación sobre México.

La coincidencia expuso las dos posiciones que chocan y sacan chispas en la relación bilateral. Sheinbaum reivindica la soberanía para que cualquier acusación se investigue y juzgue en México. Trump sostiene que los funcionarios coludidos con los cárteles son quienes la han vulnerado. Estados Unidos no quiere sólo laboratorios destruidos, decomisos y capos detenidos. El objetivo también son las redes políticas y gubernamentales que permiten operar al narcotráfico.

El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública la acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntamente conspirar con Los Chapitos para introducir drogas a Estados Unidos. En la lista aparecen el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, el vicefiscal Dámaso Castro y antiguos mandos de seguridad. La acusación sostiene que recibieron sobornos, filtraron operativos y pusieron estructuras gubernamentales al servicio del Cártel de Sinaloa.Juan Valenzuela, exmando de la policía de Culiacán, está acusado además de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y uno de sus familiares. Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Arizona y Enrique Díaz, exsecretario de Administración y Finanzas, se entregó voluntariamente. Ambos comparecieron ante una corte federal en Manhattan.

Rocha Moya pidió licencia, intentó regresar a la gubernatura en agosto y volvió a separarse después de que Sheinbaum consideró inapropiada su decisión. La UIF congeló preventivamente cuentas de algunos señalados, pero la investigación mexicana no ha producido consignaciones. La FGR sostiene que Estados Unidos no acreditó los elementos ni la urgencia necesarios para ejecutar las detenciones.

El expediente se nutre de testimonios de colaboradores, información financiera y datos obtenidos en las negociaciones judiciales contra Los Chapitos. La preocupación en Morena es que se utilicen para reconstruir no sólo las rutas del fentanilo, sino las redes políticas que hicieron posible su operación.

La presión comenzó antes. Desde febrero de 2025, Marco Rubio y su equipo pidieron en al menos tres reuniones que México investigara y procesara a políticos relacionados con el crimen organizado, incluso si pertenecían a Morena, y plantearon su extradición si existían cargos en Estados Unidos. Reuters reveló que fueron mencionados cinco funcionarios en activo y un exsenador. La Cancillería negó haber recibido una lista, pero el Departamento de Estado no desmintió la exigencia contra los “actores corruptos” que facilitan a los cárteles.

El gobierno de Trump también ha utilizado las visas. Más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría relacionados con Morena, perdieron el documento, según funcionarios estadounidenses citados por Reuters. El director de la DEA, Terrance Cole, habló además de una “conexión mortal” entre los cárteles y el gobierno mexicano. Sheinbaum rechazó la declaración por carecer de pruebas.

Trump ya convirtió la detención y el procesamiento de funcionarios mexicanos en uno de los parámetros con los que evaluará la cooperación de México. Sheinbaum celebró la Independencia con un llamado a defender la soberanía y el presidente estadounidense sostuvo que esa soberanía también ha sido traicionada desde dentro. Entre ambas posiciones permanece el expediente de Rocha Moya, inmóvil desde hace 142 días en los escritorios de la FGR.

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