Registro celular obligatorio cambia tras fallo de la Corte

Usuarios deberán vincular su línea telefónica con identidad oficial antes del plazo establecido.

Suprema Corte invalida uso obligatorio de biométricos

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prohibió el uso obligatorio de datos biométricos, el nuevo esquema sí exige identificar cada línea telefónica con documentos oficiales antes del 30 de junio de 2026.

En México, tener una línea telefónica celular ya no funcionará bajo el mismo esquema de anonimato que existió durante años. A partir de 2026, las compañías telefónicas comenzaron a implementar un nuevo sistema de registro obligatorio para vincular cada número móvil con una identidad oficial, bajo el argumento de combatir delitos como extorsión, fraude y uso ilegal de tarjetas SIM.

Fin del PANAUT tras resolución constitucional

La información surge de resoluciones de la SCJN y de lineamientos regulatorios aplicados en el sector de telecomunicaciones, luego de que el máximo tribunal invalidara el antiguo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), el cual buscaba recopilar datos biométricos de millones de usuarios.

Aunque muchas personas creen que el nuevo registro es prácticamente el mismo sistema que el PANAUT, existen diferencias importantes. La principal es que ahora no se solicitan huellas dactilares, reconocimiento facial ni escaneo de iris, sino únicamente documentos oficiales para validar la identidad del titular de la línea.

Qué era el PANAUT y por qué fue invalidado

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, conocido como PANAUT, fue una iniciativa impulsada para crear una base nacional con información biométrica de todas las personas usuarias de telefonía celular en México.

Entre los datos que se buscaban recopilar estaban huellas dactilares, reconocimiento de iris y datos biométricos faciales. El objetivo oficial era reducir delitos relacionados con llamadas anónimas, especialmente extorsiones telefónicas.

Sin embargo, en abril de 2022, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021, la SCJN concluyó que la medida violaba derechos constitucionales relacionados con privacidad y protección de datos personales.

Los ministros señalaron que la recolección de biométricos era desproporcionada, que no existían pruebas suficientes de reducción delictiva y que una base centralizada implicaba riesgos de seguridad y filtraciones.

Tras esa resolución, ninguna autoridad puede exigir datos biométricos para contratar o conservar una línea telefónica en México.

Cómo operará el nuevo registro y qué pasará en 2026

El nuevo esquema mantiene la obligación de identificar al titular de cada línea telefónica, pero elimina la recolección de biométricos sensibles.

El sistema actualmente opera bajo tres ejes: no se solicitan biométricos corporales; la información no se concentra en una base gubernamental; y cada SIM debe vincularse con una persona real para reducir el uso anónimo relacionado con delitos.

El calendario oficial establece que el proceso inició el 9 de enero de 2026 y concluirá el 30 de junio del mismo año. Si una línea no está vinculada a una identidad oficial al terminar el plazo, las compañías podrán suspender el servicio.

Esto implicaría que el usuario no podría hacer llamadas, enviar mensajes SMS ni utilizar internet móvil, quedando únicamente habilitadas las llamadas de emergencia al 911.

Por ello, autoridades y empresas recomiendan completar el registro antes del cierre del plazo.

Qué documentos se requieren y cómo verificar líneas

El trámite puede realizarse mediante aplicaciones móviles, páginas oficiales o centros de atención de cada compañía telefónica.

Los datos solicitados incluyen nombre completo, CURP validada, identificación oficial vigente como INE o pasaporte y, en algunos casos, fotografía o selfie para validación de identidad.

Además, se prevé la habilitación de una plataforma pública desde el 7 de febrero de 2026 para consultar cuántas líneas están asociadas a cada CURP.

En caso de detectar un número desconocido, se podrá iniciar un procedimiento de desvinculación inmediata para evitar usos indebidos o posibles casos de robo de identidad.

Las autoridades han señalado que el objetivo es fortalecer la seguridad y evitar responsabilidades legales derivadas de líneas registradas sin consentimiento.

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