Redes sociales aceptan nuevas medidas de Sheinbaum: esto busca el decreto
Claudia Sheinbaum informó que las plataformas digitales aceptaron las medidas del Gobierno de México contra la violencia en redes y la protección de menores.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que representantes de plataformas digitales aceptaron las medidas propuestas por el Gobierno federal para combatir la violencia en redes sociales y proteger a niñas, niños y adolescentes. Los detalles del decreto se presentarían este miércoles 14 de octubre, a cargo de Luisa María Alcalde Luján.
Sheinbaum anuncia acuerdo con plataformas digitales
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que sostuvo conversaciones con representantes de empresas tecnológicas, quienes manifestaron su conformidad con las medidas planteadas, aunque propusieron incorporar algunos temas adicionales.
“Las plataformas de redes sociales están de acuerdo en lo que les estamos pidiendo”, afirmó Sheinbaum, al adelantar que la presentación del miércoles permitirá conocer los alcances de la propuesta.
¿Qué busca el decreto contra la violencia digital?
La iniciativa busca establecer mayores responsabilidades para las plataformas digitales en la prevención y atención de contenidos que puedan poner en riesgo la integridad de menores de edad.
Entre los temas contemplados se encuentran la difusión de publicaciones relacionadas con violencia, acoso, discursos de odio y autolesiones, así como otros materiales perjudiciales para niñas, niños y adolescentes.
La propuesta también considera mecanismos para denunciar y retirar contenidos dañinos, herramientas de supervisión parental y controles de seguridad para usuarios menores de edad.
Gobierno prevé posibles sanciones por incumplimiento
El Gobierno federal señaló que podría impulsar una regulación legal adicional si las plataformas no cumplen con las disposiciones planteadas, incluyendo posibles sanciones.
La presentación anunciada para el 14 de octubre permitirá conocer los detalles del decreto, las obligaciones que se establecerían para las empresas tecnológicas y los mecanismos previstos para supervisar su cumplimiento.
Hasta que se den a conocer los términos definitivos, los alcances legales y las posibles sanciones deberán considerarse como aspectos pendientes de confirmación.
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