Perú declara estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad
El Gobierno peruano anunció nuevas medidas para reforzar la seguridad en cinco centros penitenciarios considerados de alta peligrosidad.
El Gobierno de Perú declaró estado de emergencia por 60 días en cinco penales debido a la perturbación de la paz y el orden público, además de la sobrepoblación penitenciaria, y otorgó a la fuerza pública el control de los centros.
Cinco penales bajo estado de emergencia
El decreto fue publicado el sábado en el diario oficial estatal El Peruano y fue suscrito la víspera por la presidenta Keiko Fujimori. La medida contempla los penales de Challapalca, Cochamarca, Trujillo Varones, Miguel Castro Castro y Ancón I, estos dos últimos ubicados en Lima.
La declaratoria se sustenta en un informe técnico que señala que los cinco centros concentran cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales y presentan un escenario considerado de alta peligrosidad.
Sobrepoblación y objetos prohibidos
El informe también señala una sobrepoblación de 156% en el sistema penitenciario nacional, además de un déficit de guardias penitenciarios.
A estos factores se suma el hallazgo reiterado de armas, celulares y otros objetos prohibidos dentro de los centros penitenciarios, pese a las requisas realizadas, de acuerdo con el documento citado en el decreto.
Policía y Fuerzas Armadas asumirán el control
Durante los 60 días de emergencia, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, estará a cargo del control del orden interno de los penales y de su perímetro circundante.
El decreto también contempla restricciones a los derechos de tránsito y libertad de reunión para las personas que ingresen o transiten por las zonas comprendidas en la medida.
Política contra el crimen organizado
La decisión ocurre después de que Fujimori asumiera la presidencia a finales de julio y prometiera aplicar una política de mano dura para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos, algunos de los cuales, según las autoridades, son dirigidos desde centros penitenciarios.
En 2025, el Ministerio de Economía calculó que el impacto de la inseguridad en la economía peruana representaba 1.7% del Producto Interno Bruto, equivalente a unos 5 mil millones de dólares anuales.
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