Paro en el Poder Judicial: trabajadores rechazan evaluación que puede causar bajas
La movilización comenzó en Morelos y Ciudad de México, mientras trabajadores de otras entidades se sumaron este viernes para rechazar el nuevo sistema de evaluación.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro nacional en al menos 22 sedes de más de 16 estados, en rechazo al nuevo esquema de evaluación de desempeño publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La protesta involucra a alrededor de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales, quienes laboran en más de 900 tribunales y juzgados federales. Los inconformes advierten que las evaluaciones podrían derivar en la baja definitiva de quienes no acrediten los exámenes.
Se trata de la segunda interrupción nacional de actividades en el Poder Judicial desde 2024.
Paro se extiende a más de 16 estados
La movilización no comenzó de manera simultánea. En Morelos, más de mil trabajadores cerraron las sedes de Cuernavaca y Xochitepec desde el mediodía del jueves.
En la Ciudad de México, empleados del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro y del Edificio Prisma se sumaron a partir de la medianoche. Para este viernes estaba prevista la incorporación del resto de las entidades a las 9:00 horas.
Los estados con paro confirmado son Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
En la capital del país, el cierre contempla cuatro edificios: San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. En Oaxaca, la protesta incluye la ciudad capital y Salina Cruz.
En Nuevo León, el Sindicato de Renovación anunció el cierre de los juzgados federales en Monterrey y convocó a una manifestación en el cruce de las calles Constitución y Cuauhtémoc.
¿Por qué rechazan el nuevo examen?
Los trabajadores cuestionan que el examen de conocimientos represente únicamente 40% de la calificación total, mientras que el 60% restante depende de otros factores, entre ellos la valoración del titular del juzgado, con un peso de 22.5%; la evaluación de compañeros, con 7.5%, y los reportes institucionales, con 10%, además de parámetros de productividad y comportamiento.
Uno de los principales señalamientos es que los titulares de los juzgados tendrán una participación importante en la calificación de sus subordinados. Los manifestantes cuestionan esta facultad porque algunos jueces y magistrados llegaron a sus cargos mediante la elección judicial por voto popular y tienen poco tiempo en funciones.
En mensajes difundidos en redes sociales, trabajadores plantearon que este mecanismo podría limitar la libertad para expresar desacuerdos jurídicos con sus superiores, ante el temor de que esas diferencias influyan en su evaluación.
El Sindicato de Trabajadores del PJF llamó a sus agremiados a no inscribirse en el proceso. Por su parte, la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial advirtió que otorgar esa facultad a los juzgadores podría convertir las evaluaciones en instrumentos de presión, represalia o persecución laboral.
Qué establece el acuerdo de evaluación
El acuerdo publicado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) establece que la evaluación de diciembre tendrá carácter diagnóstico, con el propósito de identificar fortalezas y áreas de oportunidad para diseñar programas de capacitación.
El organismo sostiene que esta primera ronda no tendrá consecuencias inmediatas sobre la permanencia del personal. Sin embargo, el documento establece una escala de calificaciones y las condiciones correspondientes:
De 90 a 100 puntos: sobresaliente, con constancia de permanencia por dos años.
De 80 a 89 puntos: satisfactorio, también con constancia por dos años.
De 70 a 79 puntos: regular, con constancia por un año y acciones de fortalecimiento.
De 60 a 69 puntos: suficiente, con constancia por un año y obligación de participar en acciones de fortalecimiento.
59 puntos o menos: insuficiente; el trabajador podrá solicitar un examen extraordinario por única ocasión.
El acuerdo establece que quienes obtengan una calificación insuficiente y no soliciten el examen extraordinario, lo reprueben o no tengan autorización para presentarlo, podrán ser dados de baja de la institución.
Fechas de los exámenes y resultados
El calendario establece que el temario se publicará los días 17 y 18 de noviembre. Los exámenes están programados para el 4 de diciembre en el caso de secretarios, el 8 de diciembre para actuarios y los días 14 y 15 de diciembre para oficiales judiciales.
Los resultados serán analizados entre enero y marzo de 2027.
Además de los criterios de calificación, los trabajadores cuestionan el tiempo disponible para prepararse: tendrán aproximadamente dos semanas entre la publicación del temario y las primeras pruebas, mientras mantienen sus actividades y carga laboral habituales.
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