Ordenan uso de la fuerza pública para recuperar montacargas retenido en AHMSA
El Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles solicitó el apoyo del Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova para ejecutar la entrega de un montacargas propiedad de Bravo Montacargas, luego de que una diligencia fuera impedida por un bloqueo de extrabajadores de AHMSA.
El Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles solicitó el apoyo del Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova para ejecutar la entrega de un montacargas de 45 toneladas propiedad de la empresa Bravo Montacargas, e incluso autorizó, de ser necesario, el uso de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de una sentencia firme de separación de bienes.
La resolución se deriva de la imposibilidad de concretar la diligencia programada el 20 de julio, cuando un grupo de extrabajadores de AHMSA bloqueó el acceso por la Puerta 4, impidiendo la salida de la maquinaria y frustrando la entrega ordenada por la autoridad judicial.
Ante estos hechos, los representantes legales de Bravo Montacargas presentaron diversas pruebas para acreditar la imposibilidad material de recuperar el equipo. Entre la documentación aportada se incluyó un acta fuera de protocolo, así como notas periodísticas que evidencian que los manifestantes obstaculizaron físicamente el acceso al lugar donde se encuentra el montacargas.
Como consecuencia, el Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles emitió un exhorto dirigido al Juzgado Cuarto de Distrito en Monclova, mediante el cual solicita el auxilio de la autoridad federal para que un actuario acuda nuevamente a las instalaciones y ejecute la sentencia de entrega.
El exhorto concede al juez federal amplias facultades para llevar a cabo la diligencia, incluyendo la habilitación de días y horas inhábiles, el requerimiento del apoyo de la fuerza pública y, en caso de ser indispensable, la apertura forzada de cerraduras u otros obstáculos que impidan la recuperación del montacargas.
Con estas medidas, la autoridad judicial busca garantizar el cumplimiento de la resolución que reconoce a Bravo Montacargas como legítimo propietario del equipo y ordena su restitución.
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