ONU alerta por reclutamiento de niñas y niños por el crimen organizado en México

La violencia delictiva también afecta la salud, el empleo y la seguridad de comunidades rurales e indígenas en distintas regiones del país.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que el crimen organizado provoca el cierre de escuelas, deserción escolar y desplazamiento forzado en México, además de reclutar a niñas, niños y adolescentes para incorporarlos a actividades delictivas. Ante este panorama, el organismo pidió al Estado mexicano establecer una política nacional de prevención, fortalecer la protección de la infancia y garantizar la continuidad de los servicios educativos en las comunidades afectadas por la inseguridad.
ONU alerta sobre reclutamiento de menores en México
En sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, aprobadas el 13 de noviembre de 2026, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales manifestó su preocupación por las consecuencias de la violencia de grupos delictivos organizados en la población.
El documento identifica problemas como el cierre de escuelas, la deserción escolar y el desplazamiento forzado, además de la pérdida de empleos y medios de subsistencia por amenazas y extorsiones.
El organismo también señaló el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales, así como las desapariciones, la explotación sexual y la trata de personas. Advirtió que los menores afectados no siempre son reconocidos como víctimas.
Ante esta situación, recomendó implementar una política nacional para prevenir el reclutamiento infantil, con estrategias comunitarias que involucren a organizaciones civiles y a la propia infancia.
Pide garantizar educación en comunidades afectadas por la violencia
En materia educativa, la ONU exigió garantizar la continuidad de los servicios esenciales en todo el territorio nacional mediante la presencia de autoridades civiles y medidas de protección para el personal encargado de prestarlos.
También solicitó priorizar las investigaciones y sanciones relacionadas con desapariciones, feminicidios y otros delitos contra niñas, niños y adolescentes, además de establecer mecanismos de protección en los tres órdenes de gobierno.
El Comité recomendó evaluar, por entidad federativa y municipio, los efectos de la inseguridad sobre los derechos de la población, particularmente entre la infancia, las comunidades indígenas y los habitantes de zonas rurales.
La violencia también interrumpe los servicios de salud, incluidas las campañas de vacunación y los tratamientos especializados, debido a los bloqueos que impiden el acceso del personal sanitario a determinadas comunidades.
Otro de los señalamientos se relaciona con la posible complicidad de funcionarios públicos con organizaciones criminales. El organismo expresó preocupación por la falta de información sobre investigaciones y condenas de servidores públicos presuntamente vinculados con estos grupos.
Por ello, pidió investigar las violaciones de derechos humanos derivadas de la participación de autoridades con organizaciones delictivas, sancionar a los responsables y garantizar la reparación integral de las víctimas.
Hijos de personas desaparecidas enfrentan abandono escolar
El informe también expone las dificultades que enfrentan las hijas e hijos de personas desaparecidas, quienes pueden sufrir deserción escolar, pérdida de redes de apoyo y menores oportunidades de desarrollo.
Además, advierte que las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos pueden perder sus empleos, ingresos, vivienda y seguridad social, mientras sus hijos e hijas quedan expuestos al abandono escolar, el acoso y otras formas de violencia.
Ante este escenario, la ONU recomendó garantizar a las familias apoyos económicos, atención médica y psicológica, protección laboral y continuidad educativa para los menores, sin importar la entidad federativa en la que residan.
También solicitó restablecer el presupuesto mínimo destinado a la atención de víctimas y asegurar que todas las entidades cuenten con fondos para respaldar a las familias afectadas por desapariciones.
ONU propone crear un registro nacional de desplazados
En relación con el desplazamiento forzado interno, el Comité manifestó preocupación por la falta de una ley general en la materia.
Como medida, recomendó crear un registro nacional de personas y comunidades desplazadas, además de establecer condiciones que permitan su retorno seguro.
Sobre el derecho a la educación, también identificó problemas como el bajo gasto por estudiante, los costos ocultos de la primaria, la baja permanencia en secundaria, las desigualdades para acceder a la educación superior, la brecha digital y la violencia sexual dentro de las escuelas.
Por ello, pidió implementar una estrategia integral contra el abandono escolar que contemple factores como la violencia, la pérdida de cuidadores, la separación familiar y el desplazamiento. También recomendó aumentar la inversión por alumno y evaluar los resultados de los programas de becas.
Entre sus propuestas incluyó establecer mecanismos de supervisión en escuelas públicas y privadas para prevenir y sancionar la violencia sexual, eliminar los costos ocultos de la educación primaria y fortalecer la enseñanza intercultural bilingüe en comunidades indígenas.
Señala recortes presupuestales y violencia contra la infancia
En materia presupuestaria, el Comité cuestionó la disminución de las asignaciones federales destinadas a la niñez, la salud y la educación media superior durante 2026, por lo que recomendó incrementar los recursos para garantizar estos derechos.
Asimismo, advirtió sobre distintas formas de violencia contra la infancia, incluidos los castigos corporales, que afectan al 46% de las niñas y niños de uno a cuatro años, así como la persistencia del matrimonio infantil, las uniones forzadas y el trabajo infantil.
El organismo pidió reforzar las inspecciones para combatir el trabajo infantil, especialmente en actividades agrícolas y domésticas, además de garantizar la reintegración escolar de los menores afectados.
También señaló que la pobreza continúa siendo elevada en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, particularmente entre las comunidades indígenas y afromexicanas, donde persisten desigualdades en el acceso a derechos.
Respecto a la población migrante, expresó preocupación por el internamiento de menores en centros de asistencia social, situación que restringe su acceso a la educación y la salud. Por ello, pidió garantizar estos servicios independientemente de su situación migratoria.
Finalmente, recomendó eliminar la educación especial segregada para personas con discapacidad y reorientar los recursos hacia una educación inclusiva y de calidad.
El Comité también pidió fortalecer la protección de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y familiares de desaparecidos ante amenazas, asesinatos y represalias, así como garantizar la independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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