No Hagas Cosas Buenas... Si se sigue gastando así, los van a regresar

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027, aprobado por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, plantea sin lugar a dudas riesgos fundamentales sobre la estabilidad de las finanzas públicas y el futuro económico de México. El analista Sergio Sarmiento señala que problema central no es únicamente cuánto gastará el Estado, sino cuánto tendrá que pedir prestado, a dónde destinará esos recursos y quién terminará pagando las consecuencias.

El presupuesto aprobado asciende a 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, una cifra histórica que contrasta con las crecientes obligaciones financieras del país. De ese total, aproximadamente 1 billón 575 mil millones de pesos se destinarán al servicio de la deuda, es decir, al pago de intereses y otros costos financieros. Esto representa cerca del 14.8% del presupuesto federal. Se trata de recursos que no construirán hospitales, escuelas ni carreteras, sino que servirán para cumplir compromisos financieros adquiridos anteriormente. El costo de la deuda se ha convertido así en uno de los principales componentes del gasto público, limitando la capacidad del Gobierno para atender otras necesidades nacionales.

La preocupación aumenta cuando se analiza el nuevo endeudamiento previsto para 2027. El Gobierno plantea contratar 1.7 billones de pesos de deuda interna y 13 mil 500 millones de dólares de deuda externa. Considerando el tipo de cambio, el financiamiento nuevo se aproxima a los dos billones de pesos. Esta cantidad representa una carga considerable para las finanzas nacionales y obliga a cuestionar si los recursos contratados se utilizarán realmente para impulsar el crecimiento económico o simplemente para mantener el inmenso gasto público.

Uno de los aspectos más delicados es precisamente el destino de ese dinero. De acuerdo con los señalamientos del propio Sarmiento, las inversiones prioritarias identificadas rondan los 560 mil millones de pesos, incluyendo proyectos ferroviarios y otras obras de infraestructura. Esto significa que una parte importante del financiamiento no estaría directamente relacionada con la creación de infraestructura productiva capaz de generar ingresos suficientes para recuperar la inversión. El resto del presupuesto contempla compromisos y necesidades de gasto que no necesariamente incrementan la capacidad productiva del país.

Aquí aparece el cuestionamiento constitucional. El artículo 73, fracción VIII, de la Constitución establece que los empréstitos deben destinarse a inversiones y obras que produzcan directamente un incremento en los ingresos públicos, además de contemplar excepciones expresamente establecidas. Por ello, utilizar deuda para financiar gasto corriente, nóminas, transferencias y obligaciones ordinarias del Gobierno puede entrar en conflicto con el espíritu y los límites constitucionales del endeudamiento.

 La evolución histórica de la deuda permite comprender la dimensión del problema. El  nivel de apalancamiento que tiene el Estado, ha pasado de 2006 al  28.2%; en 2012, 35.6%; en 2018, 43.6%; en 2024, 51.9%, y para septiembre de 2026 alcanzaba aproximadamente 52.6%. Para 2027, las estimaciones apuntan a un nivel cercano al 55.8% del PIB. Claramente se nota que desde la llegada del actual régimen, la deuda en 9 años ha pasado del 44 al 56%. En términos llanos, México se está acercando a llenar su tope de endeudamiento.

Estas cifras muestran que la deuda pública ha aumentado durante diferentes administraciones, pero también evidencian que México enfrenta actualmente una carga financiera considerablemente superior a la registrada a principios de siglo. La deuda pasó de representar menos de una tercera parte del PIB en 2000 a más de la mitad de la economía nacional en la actualidad. Este crecimiento reduce el margen de maniobra del Gobierno y aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

¿Qué sucederá si continúa esta política? El primer riesgo es que cada año una proporción mayor del presupuesto tenga que destinarse al pago de intereses, desplazando recursos que podrían utilizarse en salud, educación, seguridad e infraestructura. El segundo es que los inversionistas exijan mayores tasas de interés para financiar al Gobierno mexicano, encareciendo todavía más la deuda. También existe el riesgo de una reducción en la calificación crediticia soberana, lo que podría afecta el costo del crédito para empresas y familias.

En conclusión, el presupuesto de 2027 obliga a reflexionar sobre la sostenibilidad del modelo de gasto público. Por supuesto que endeudarse no necesariamente es negativo, cuando los recursos se destinan a infraestructura productiva, proyectos rentables y actividades que generan crecimiento e ingresos futuros. Sin embargo, financiar persistentemente el gasto corriente mediante préstamos significa trasladar obligaciones a las siguientes generaciones sin garantizarles mayores capacidades económicas para pagarlas. Sacar de la pobreza a más de 13 millones de mexicanos es un logro que no se le puede escatimar a los gobiernos federales de Morena, así haya sido con deuda. Pero continuar en la ruta del endeudamiento de esta forma sin mejorar sensiblemente la productividad, no hará otra cosa que más temprano que tarde, regresar a otros millones de mexicanos a niveles de vida económica de donde habían salido.

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