Municipios esperan conocer efectos de la nueva ley catastral

La nueva ley catastral busca homologar los registros de inmuebles en México, pero aún existen dudas sobre la clasificación de propiedades, los valores catastrales y la protección de datos personales.

La aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral mantiene a las autoridades municipales de las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto de Coahuila a la expectativa de conocer sus alcances, particularmente por las dudas sobre una posible actualización de los valores de terrenos y viviendas y sus efectos en el impuesto predial de 2027.

La legislación, aprobada por el Senado de la República el 14 de octubre y turnada al Ejecutivo Federal para su promulgación, busca establecer mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para modernizar los sistemas catastrales y conectarlos con los registros públicos de la propiedad.En Piedras Negras, Sabinas y Monclova, las principales interrogantes giran en torno a la valoración de los inmuebles, los posibles ajustes fiscales, la actualización de los registros y la eventual implementación de nuevos procedimientos administrativos. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado incrementos específicos en el predial ni cambios concretos que deban realizar los propietarios.

Buscan homologar registros de propiedades

René Antonio Chávez Villarreal, director regional de Catastro en la región Centro-Desierto, explicó que la nueva normativa pretende establecer criterios uniformes para identificar los predios y relacionar la información catastral con los datos inscritos en el Registro Público de la Propiedad. Entre las herramientas contempladas se encuentran la Clave Única Catastral, que permitiría identificar técnicamente cada inmueble, y una Cédula Única Catastral digital vinculada con el folio real de la propiedad. También se plantea una plataforma de gestión catastral municipal relacionada con los instrumentos de planeación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con el propósito de facilitar la consulta, actualización y compatibilidad de los registros.

En San Juan de Sabinas, Armando Luis Rábago, director de Catastro de Información Territorial, señaló que la legislación busca homologar los procedimientos de las oficinas catastrales y registrales del país. Indicó que la clasificación de los inmuebles podría considerar sus características y uso, distinguiendo entre propiedades habitacionales, comerciales y otros tipos de predios. No obstante, precisó que será necesario conocer las disposiciones definitivas para determinar cómo se aplicarán estos mecanismos. Incertidumbre por el impuesto predial Uno de los principales cuestionamientos en las tres regiones es si la actualización de los valores catastrales podría traducirse en mayores pagos para los propietarios durante 2027. Chávez Villarreal consideró que podrían presentarse incrementos, aunque reconoció que todavía no se conocen los porcentajes ni los inmuebles que podrían resultar afectados.

Por ello, no existe una estimación confirmada sobre el impacto económico que tendría la legislación para las familias de Monclova y los municipios de la región Centro-Desierto.En San Juan de Sabinas, Rábago explicó que los municipios cuentan con facultades para intervenir en los procesos de clasificación y valoración de los inmuebles conforme a las disposiciones aplicables. Entre los factores que pueden influir en estas evaluaciones se encuentran la ubicación, la plusvalía de la zona y las características particulares de cada propiedad. Sin embargo, el funcionario tampoco confirmó que la nueva ley implique aumentos automáticos en el valor de los bienes o en las contribuciones de los ciudadanos.

Piedras Negras reporta mayor recaudación

En Piedras Negras, las autoridades municipales permanecen a la espera de conocer los alcances de la normativa y su posible relación con los cobros del próximo ejercicio fiscal. De acuerdo con cifras de la tesorera municipal, Karen Marlene Escobedo, la recaudación del impuesto predial alcanzó los 87 millones 601 mil 387 pesos entre enero y agosto de 2026, frente a los 85 millones 210 mil 184 pesos registrados durante el mismo periodo de 2025.

La diferencia representa un incremento de 2.8 por ciento en los ingresos municipales por este concepto, aunque no significa necesariamente que hayan aumentado las tarifas aplicadas a los contribuyentes. La Dirección de Catastro, encabezada por Fernando Escobedo Tavitas desde agosto pasado, será una de las áreas relevantes para conocer los criterios técnicos de valoración de los inmuebles.La definición de posibles cambios dependerá de la revisión de las tablas de valores catastrales y de las disposiciones que se establezcan en la Ley de Ingresos para 2027.

Pendientes los procedimientos municipales

Otro aspecto por definir es si la armonización de los sistemas implicará nuevos trámites para los propietarios de terrenos y viviendas, así como modificaciones en los procedimientos que actualmente realizan ante las oficinas municipales. La aprobación de la legislación no permite asegurar, por sí sola, que los ciudadanos deban registrar nuevamente sus bienes o cubrir pagos adicionales. Su aplicación dependerá de las disposiciones correspondientes y de los mecanismos de coordinación que se establezcan entre las autoridades.

En las regiones Norte, Carbonífera y Centro-Desierto, los responsables de Catastro deberán conocer los lineamientos para determinar qué adecuaciones requieren los sistemas municipales y cómo se actualizará la información de los inmuebles.

Protección de datos, otro tema por resolver

En San Juan de Sabinas, Rábago también planteó la necesidad de conocer cómo se manejará la información relacionada con las propiedades y sus titulares, quiénes podrán consultarla y qué medidas se establecerán para proteger los datos personales. La conexión entre los registros catastrales y los de propiedad busca mejorar la certeza sobre la identificación de los inmuebles y reducir inconsistencias en la información oficial. Sin embargo, las autoridades municipales deberán precisar los alcances de estos mecanismos una vez que se conozcan las disposiciones aplicables.

Mientras tanto, en los tres puntos de Coahuila permanece pendiente determinar si la modernización de los registros tendrá repercusiones fiscales, qué cambios administrativos serán necesarios y cómo se garantizará que la actualización de la información se realice conforme a las reglas establecidas.

Colaboración de Edith Gámez de Monclova y Gilberto Ortiz de Piedras  Negras.

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