Miles de internos esperan sentencia; buscan cambiar el acceso a sus expedientes
Más de 86 mil personas privadas de la libertad permanecen sin sentencia en México; una iniciativa busca garantizar acceso directo a sus expedientes.
En México, 86 mil personas privadas de la libertad permanecen sin sentencia, lo que representa 36.3 por ciento de la población penitenciaria, de acuerdo con datos del Inegi. Ante esta situación, una iniciativa en el Congreso propone obligar a los jueces a facilitar el acceso a copias de expedientes para quienes enfrentan un proceso penal desde prisión.
México registra miles de personas sin sentencia
El Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025 del Inegi reportó que al cierre de ese año había 236 mil 773 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del país.
De esa cifra, 86 mil personas permanecían en prisión preventiva, mientras que 150 mil 773 ya contaban con una sentencia judicial.
La proporción de personas sin resolución judicial alcanza 37.3 por ciento en centros estatales y 26.7 por ciento en instalaciones federales, según los datos del organismo.
Proponen garantizar acceso a expedientes judiciales
La diputada federal de Morena, Blanca Araceli Narro Panameño, presentó una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La propuesta busca que, cuando una persona privada de la libertad solicite copias de su expediente y estas sean autorizadas por un juez, la documentación sea enviada directamente al centro penitenciario donde se encuentra recluida.
El objetivo es evitar que las limitaciones derivadas del internamiento impidan a las personas conocer el avance de sus procesos legales y preparar su defensa.
Buscan evitar situaciones de indefensión
La legisladora señaló que permanecer en un centro penitenciario puede dificultar la consulta de actuaciones judiciales, revisión de documentos y acceso a información necesaria para presentar recursos legales.
Explicó que la iniciativa pretende fortalecer el derecho a la defensa establecido en la Constitución mexicana, particularmente en los artículos 17 y 20, así como en tratados internacionales de derechos humanos.
"La autoridad penitenciaria no sustituye la función jurisdiccional ni decide sobre el contenido del expediente", señaló la legisladora, al precisar que únicamente funcionaría como un medio para entregar documentos autorizados por los jueces.
Reforma busca fortalecer acceso a la justicia
La propuesta plantea que la entrega de expedientes permita a las personas procesadas conocer las actuaciones que afectan su situación jurídica y ejercer sus derechos dentro de los procedimientos penales.
De acuerdo con la iniciativa, garantizar este acceso contribuiría a que el internamiento no represente una barrera adicional para la defensa legal de quienes enfrentan un proceso.
La legisladora indicó que la medida está basada en criterios constitucionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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