Maestros agredidos en escuela de Torreón temen regresar a clases

Los maestros que resultaron lesionados durante el ataque ocurrido el pasado primero de octubre en la Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión de Torreón, no desean regresar al plantel donde fueron agredidos y donde perdió la vida la subdirectora Nedi Edith Nevárez González. Aunque ya recibieron el alta médica, los docentes continúan enfrentando las consecuencias emocionales de la violencia que presenciaron.
La agresión ocurrió cuando dos hermanos de 18 años, identificados como exalumnos de la institución, ingresaron a la secundaria armados con machetes y petardos, provocando la muerte de la subdirectora y lesiones a otras cuatro personas, entre ellas un estudiante. Los presuntos responsables fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso. El acontecimiento conmocionó a la comunidad escolar y generó preocupación por las condiciones de seguridad en los centros educativos.
Arturo Díaz, secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que desde el ataque han mantenido comunicación con los familiares de los docentes afectados para brindarles acompañamiento durante su recuperación. Explicó que los maestros lesionados han manifestado su intención de no reincorporarse a esa institución y cuentan con la posibilidad de solicitar un cambio de adscripción. La preocupación también es compartida por el resto de la comunidad académica, integrada por aproximadamente 40 profesores, mientras que la Secretaría de Educación de Coahuila deberá determinar cuándo podrán reanudarse las clases.
Ante las secuelas que dejó la agresión, el sindicato presentó una solicitud formal al Gobierno de Coahuila para incorporar al menos 50 psicólogos a los planteles educativos de La Laguna. El dirigente sindical señaló que la atención emocional resulta indispensable para los trabajadores de la educación y estudiantes que enfrentan situaciones de violencia, particularmente cuando se trata de acontecimientos traumáticos como el ocurrido en el ejido La Unión.
Sin embargo, Díaz reconoció que la incorporación de 50 especialistas sería insuficiente para cubrir las necesidades de más de 500 escuelas de la región. El caso de la Secundaria General Número 13 evidencia que las consecuencias de la violencia escolar pueden prolongarse mucho después de la recuperación física de las víctimas, por lo que el acompañamiento psicológico y las condiciones de seguridad serán fundamentales para que los docentes puedan retomar sus actividades.
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