Lineamientos no acallan voces ni imponen visión única: Alcalde Luján

La consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, rechazó que los lineamientos para garantizar el derecho de las audiencias sean un mecanismo de censura o que otorguen al gobierno facultades para determinar qué pueden publicar los medios de comunicación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria defendió las disposiciones que se encuentran en consulta pública, la cual concluye el 21 de agosto, y aseguró que las críticas de especialistas, organizaciones y representantes de la industria de radio y televisión parten de una interpretación que, dijo, no corresponde con el contenido del proyecto.

Sostuvo que los lineamientos no contemplan prohibiciones para expresar opiniones, sanciones por contenidos periodísticos ni la posibilidad de que la autoridad determine una "verdad oficial".

"Estas críticas están totalmente fuera de la realidad, más enfocadas a una intención de generar una falsa narrativa sobre los lineamientos", acusó.

"Los lineamientos ni la ley establecen algún tipo de nuevas obligaciones o criterios que estén vinculados con censura, de ninguna manera", afirmó.

La consejera Jurídica insistió en que basta con leer el documento para comprobar, según su interpretación, que no existen disposiciones dirigidas a "acallar voces" o imponer visiones únicas.

"Si uno entra y lee los lineamientos, cualquier persona puede constatar que no vienen integrados elementos vinculados con, por ejemplo, como se ha dicho, que no se puedan verter opiniones, que se vaya a sancionar los contenidos de los medios, que la verdad última estará a cargo del gobierno, que hay una intención de acallar voces o de tener visiones únicas. Falso. Absolutamente falso", señaló.

Un debate que no comenzó con este gobierno

Alcalde defendió que los derechos de las audiencias no son una figura creada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y recordó que están reconocidos en la Constitución desde 2013.

Explicó que en 2014 se incorporaron mecanismos relacionados con estos derechos dentro de la legislación en materia de telecomunicaciones, entre ellos la obligación de contar con códigos de ética y defensores de las audiencias.

Sin embargo, señaló que posteriormente una contrarreforma impulsada por el PAN eliminó mecanismos para hacer efectivos esos derechos.

Por ello, sostuvo que la reforma de 2025 retomó parte de las disposiciones que ya habían sido contempladas años atrás.

"Prácticamente se retoma lo de la ley de 2014", dijo.

La funcionaria aclaró que los lineamientos actualmente en discusión están dirigidos exclusivamente a radio y televisión.

El objetivo, explicó, es que las audiencias puedan identificar con mayor facilidad cuándo reciben una noticia, cuándo escuchan una opinión y cuándo están frente a un contenido publicitario.

Planteó el caso de un programa informativo en el que el conductor combina la presentación de noticias con comentarios personales. En ese supuesto, deberá existir una advertencia previa para informar a la audiencia que encontrará ambos contenidos.

"No es caer en el absurdo de que ahorita es una opinión, en este instante es una noticia, ahorita es una opinión. No", explicó.

Se trata, dijo, de colocar un cintillo o una pleca previa que permita al público saber qué encontrará en el programa.

La misma lógica se aplicaría a la publicidad. Los medios deberán advertir cuando dentro de un programa existan contenidos publicitarios y, en su caso, identificar las marcas promovidas.

Alcalde defendió esta medida bajo el argumento de que una persona debe saber cuándo una información tiene una intención comercial.

"No hay un derecho a manipular o a engañar", sostuvo.

Tres obligaciones y no sanciones por contenidos

Uno de los puntos centrales de la defensa de Alcalde es que las sanciones previstas en el esquema no estarán relacionadas con el contenido periodístico.

De acuerdo con la consejera Jurídica, los medios deberán cumplir con tres obligaciones principales: emitir un código de ética, nombrar a un defensor de las audiencias y establecer un mecanismo eficaz para recibir quejas.

En el caso del código de ética, cada medio deberá establecer sus propios mecanismos para garantizar, entre otros aspectos, que la información que difunde sea verificada.

Alcalde recalcó que el gobierno no será el encargado de decidir qué es una noticia falsa.

"¿Quién va a establecer cómo va a garantizar eso? El medio. ¿El gobierno le va a decir si es o no es una noticia falsa?, no. El propio medio va a establecer qué mecanismos va a utilizar para verificar la información", explicó.

El segundo requisito será que las propias concesionarias nombren a un defensor de las audiencias, quien tendrá la responsabilidad de recibir las quejas de los ciudadanos.

El tercer elemento será contar con un mecanismo mediante el cual las audiencias puedan presentar sus inconformidades y estas sean analizadas.

La autoridad, sostuvo, sólo podrá intervenir ante el incumplimiento de estas obligaciones.

"Un medio no quiere emitir su código de ética, es una obligación, se puede hacer acreedor a una multa. ¿Qué le vamos a decir, qué poner? No. Pero debe tener un código de ética", explicó.

Lo mismo ocurriría si un concesionario no designa a su defensor o no establece un mecanismo eficaz para recibir las quejas. "Estas son las causales por las cuales la autoridad interviene y hace eficaz que ese derecho de la audiencia sea una realidad", afirmó.

"No se sanciona el contenido de los medios"

La definición de los límites de la autoridad es uno de los aspectos que Luisa María Alcalde considera necesario dejar suficientemente claro antes de que los lineamientos sean definitivos.

¿Se necesita ser más específico para aplicar multas o sanciones?

—Yo creo que hay áreas de oportunidad en ser mucho más claros. Creo que por eso se abrió este proceso de consulta y que la idea es que se precise con mucha claridad. Aunque, está claro, sí se requiere mayor precisión.

La funcionaria reconoció que algunos conceptos pueden quedar sujetos a interpretación y consideró que deben corregirse antes de la publicación definitiva.

"Siempre, mi recomendación como consejera Jurídica es que hay que ser muy precisos, porque cuando hay conceptos que quedan a interpretación, es peor".

Alcalde insistió en que las multas previstas no estarán relacionadas con la línea editorial ni con las noticias difundidas.

Incluso, planteó un escenario hipotético, que un medio publique una noticia falsa y esta sea acreditada como tal.

"Aun suponiendo que tú pusieras una noticia falsa y que se acreditara que es falsa, no se te sanciona por eso", subrayó.

En ese caso, explicó, el defensor de las audiencias podría analizar la queja y recomendar al medio aclarar la información, pero no existiría una multa por el contenido.

¿La sanción es la última instancia entre audiencias y medio? ¿Habrá multas sobre el contenido?

—Nunca sobre el contenido, ni de última instancia. Nunca. No hay sanciones sobre el contenido de las noticias. No hay sanciones sobre el contenido de los medios.

Y remató: "Hay sanciones explícitas solamente por tres motivos: no emitir tu código de ética, no nombrar a tu defensor, no tener un mecanismo eficaz de quejas".

CIRT pide cambios

Luisa María Alcalde reconoció que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha formulado observaciones al proyecto, pese a que participó en la discusión de la reforma legal que dio origen a los lineamientos. Y aseguró que el diálogo con el sector continúa y que existe disposición para modificar el documento.

¿Qué están pidiendo? ¿Consideran que no se debe mover ningún punto ni una coma?

—No, no, no. Sí se van a mover puntos y comas. Si nosotros pensáramos eso, pues ¿para qué están a consulta?

Dijo que unas propuestas buscan precisar los momentos en los que podría intervenir la autoridad en el procedimiento de queja.

Quién es

* Es licenciada en Derecho por la UNAM; tiene estudios de Maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley.

* Fue diputada federal en la 62 Legislatura.

* Fue secretaria del Trabajo de 2018 a 2023 y titular de Segob de 2023 a 2024.

* Es consejera Jurídica desde mayo de este año.

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