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Ley Digital europea impacta privacidad y plataformas en México

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Agencias / El Tiempo
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Las sanciones de la Unión Europea contra grandes tecnológicas modifican políticas digitales globales y generan efectos indirectos en empresas y usuarios de México.

Las multas aplicadas por la Unión Europea contra grandes empresas tecnológicas por incumplir normas de competencia, privacidad y transparencia alcanzan alrededor de 8,000 millones de dólares desde 2024, generando cambios que también impactan las operaciones digitales en México.

UE y sus sanciones contra las grandes tecnológicas

La Unión Europea se mantiene como una de las regiones con mayor presión regulatoria sobre las empresas de tecnología mediante la aplicación de la Ley de Mercados Digitales y otras normas enfocadas en competencia, protección de datos y transparencia.

Estas regulaciones buscan establecer un entorno digital más competitivo y limitar prácticas consideradas anticompetitivas entre grandes plataformas en línea. La normativa aplica a compañías con una facturación superior a 7,500 millones de euros, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión Europea.

El especialista Guillermo Larrea, socio en compliance y ciberseguridad del despacho Hogan Lovells Cadwalader, explicó que el impacto de estas sanciones no se limita al aspecto económico, sino que también influye en la forma en que las empresas diseñan sus productos y procesos internos.

Multas europeas generan cambios en plataformas digitales

Desde 2024, diversas compañías tecnológicas han recibido sanciones por prácticas relacionadas con competencia, privacidad y obligaciones de transparencia.

Entre los casos recientes destaca Google, que recibió una multa de 1,000 millones de dólares por acusaciones relacionadas con favorecer sus propios servicios en su buscador y limitar alternativas dentro de la Play Store.

También se encuentran las sanciones contra Apple por 577 millones de dólares y Meta por 231 millones, derivadas de cuestionamientos sobre prácticas comerciales y manejo de información de usuarios.

Larrea señaló que las sanciones cumplen una función disuasoria en el mercado y pueden provocar modificaciones en productos, políticas internas y mecanismos para el tratamiento de datos.

Impacto de las reglas europeas en México

Aunque los usuarios mexicanos no reciben directamente los beneficios de las sanciones europeas, sus efectos pueden observarse a través de cambios que las compañías aplican de manera global.

El especialista explicó que algunas empresas extienden sus estándares europeos hacia otros mercados por razones de eficiencia operativa, uniformidad técnica y reducción de costos, influyendo en políticas internas, contratos y programas de cumplimiento.

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo tiene alcance extraterritorial y puede aplicarse a organizaciones fuera de la Unión Europea que ofrecen servicios a personas ubicadas en esa región o monitorean su comportamiento.

Por ello, prácticas como las evaluaciones de impacto, la privacidad por diseño y mayores controles de seguridad se han convertido en referencias para auditorías y esquemas de cumplimiento en distintos países.

Regulación digital europea marca tendencias internacionales

Algunos casos muestran cómo las decisiones regulatorias europeas generan efectos globales. Entre ellos destaca el regreso de Fortnite a las tiendas digitales después de disputas antimonopolio contra Apple y Google.

También sobresale la obligación de identificar contenidos sintéticos, deepfakes y materiales generados por inteligencia artificial, así como la adopción del puerto USB-C en dispositivos tecnológicos, medida que llevó a fabricantes internacionales a modificar sus productos.

En México, durante el primer trimestre del año, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno convocó a representantes del sector privado, academia y sociedad civil para analizar una posible actualización de la legislación sobre datos personales.

Entre los temas revisados se encuentran la privacidad por diseño, evaluaciones de impacto, oficiales de protección de datos, portabilidad de información y mayores garantías frente a decisiones automatizadas.

Aunque todavía no se define si estos cambios llegarán mediante una reforma o una nueva ley, la tendencia apunta hacia un marco regulatorio más cercano al modelo europeo.

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