Ley Antilavado elevará exigencias a inmobiliarias en 2027
Especialista advierte multas y nuevos controles para empresas con actividades vulnerables.
Saltillo, Coahuila,1 de noviembre de 2026.- Las empresas vinculadas con actividades vulnerables deberán prepararse para cumplir nuevas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, ya que las disposiciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) impondrán mayores controles internos y mecanismos de vigilancia durante 2027, advirtió la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, Leydy Verónica Antonio Hernández.
La especialista explicó que, aunque las nuevas Reglas de Carácter General entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026, varias obligaciones cuentan con fechas específicas de aplicación durante 2027, periodo que consideró especialmente relevante para inmobiliarias, desarrolladores, asesores y comercializadores de bienes inmuebles.
Además de identificar a compradores y presentar avisos ante la autoridad fiscal, las compañías deberán implementar procedimientos para evaluar riesgos, identificar al beneficiario controlador y fortalecer sus sistemas de supervisión interna.
“La ignorancia no exime del cumplimiento”, enfatizó la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, al referirse a las responsabilidades que enfrentarán las empresas sujetas a la legislación antilavado.
Multas alcanzan cientos de miles de pesos
Leydy Verónica Antonio Hernández indicó que uno de los errores más frecuentes consiste en confiar el cumplimiento de estas disposiciones a personas sin actualización suficiente en la materia, situación que puede derivar en incumplimientos y sanciones económicas.
Precisó que la omisión de avisos relacionados con actividades vulnerables puede derivar en multas equivalentes a 90 UMAS, con montos que oscilan entre 60 mil y 70 mil pesos, además de sanciones que en determinados casos pueden alcanzar los 300 mil pesos.
La contadora destacó que resulta indispensable cumplir con los reportes dentro de los plazos establecidos por la autoridad para evitar consecuencias administrativas y económicas.
Empresas deberán reforzar controles internos
La especialista explicó que las nuevas disposiciones requerirán una revisión más detallada de los mecanismos internos de control, situación que obligará a muchas empresas a realizar ajustes en sus procesos operativos.
El costo de adecuación dependerá de las características de cada organización, pues factores como tamaño, volumen de operaciones y actividad económica influyen directamente en las medidas necesarias para cumplir con la normativa.
“Cada empresa es un caso específico, no podemos precisar una cifra porque depende mucho del tamaño, de las actividades y del volumen que manejen”, sostuvo.
Ley busca cerrar espacios al lavado de dinero
Antonio Hernández recordó que la LFPIORPI forma parte de la estrategia nacional para prevenir que recursos provenientes de actividades ilícitas ingresen a la economía formal mediante operaciones aparentemente legítimas.
Entre los sectores con mayores obligaciones se encuentran el inmobiliario, la construcción, la compraventa de vehículos, la joyería, los servicios profesionales y diversas actividades financieras catalogadas como vulnerables.
La especialista agregó que el objetivo de estas medidas consiste en atender compromisos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y, al mismo tiempo, reducir espacios de informalidad dentro de la actividad económica.
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