La trilogía de la impunidad

La negación sistemática, elevada a la categoría de doctrina gubernamental constituye uno de los mecanismos más sofisticados —y grotescamente rudimentarios— de preservación del poder. Una suerte de anestesia institucional mediante la cual la realidad deja de ser un conjunto de hechos verificables para convertirse en un inconveniente narrativo que debe ser desmentido, minimizado o, mejor aún, atribuido a los adversarios conservadores.

Bajo esta peculiar epistemología del cinismo, la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado no exige investigaciones exhaustivas, responsabilidades políticas ni consecuencias judiciales, sino una admirable disciplina discursiva.

Negar primero desde la mañanera, desacreditar después y esperar con la paciencia de quienes administran la impunidad, a que el siguiente escándalo sepulte al anterior.

La presunción de inocencia, principio indispensable de cualquier Estado de derecho, corre entonces el riesgo de ser pervertida hasta transformarse en presunción perpetua de intocabilidad. La ausencia de investigaciones eficaces se omite de manera conveniente al razonamiento.

En semejante escenario la opacidad adquiere rango de virtud administrativa, la lealtad política pretende sustituir a la evidencia y la retórica oficial aspira a convertirse en una rama autónoma de la criminología donde los delitos desaparecen por el simple expediente de no reconocerlos. Lo inquietante en la coyuntura actual no es que el gobierno esté rebasado por redes de narcocorrupción cuyas hidras son transversales, sino que la negación les funcione como un dispositivo de protección política frente a ellas.

La corrupción en Morena —hablando de transformaciones— la han convertido en el sofisticado arte de transmutar el poder público en patrimonio privado. La ley en un estorbo negociable y la ética en una extravagancia reservada para los ingenuos.

Es un sistema de saqueo voraz que ha perfeccionado la admirable habilidad de robar con solemnidad, mentir con convicción y administrar la impunidad con rigor burocrático.

En estos casi ocho años en el poder, este régimen ha exhibido su mayor genialidad; cómo disfrazar el abuso de legalidad, la complicidad de lealtad institucional y el enriquecimiento ilícito de inexplicable buena fortuna.

En su expresión más refinada, la corrupción ya no necesita esconderse.

Hace tan sólo unos días danzaba con un cinismo insolente y una desfachatez desafiante pavoneándose en los pasillos del Auditorio Nacional con la arrogancia de quien se sabe intocable. Basta con institucionalizarla, ahí está el ejemplo del huachicol fiscal como la perla más fina, luego entonces regodearse de discursos moralizantes y confiar en que la desmemoria colectiva haga el resto.

Y ya en la cúspide de la tragicomedia de simulación institucional emerge otra paradoja corrosiva y la concepción más revolucionaria de la gobernabilidad. Si la realidad contradice al discurso, siempre será más sencillo descalificar la realidad, faltaba más.

Sin embargo, nuevamente aparece el inconveniente discurso del gobierno estadounidense en un estratégico timing a través de la Zar antidrogas logrando que las tensiones bilaterales escalen en una espiral de confrontación cada vez más estridente. Y en la hoja de ruta de Washington, las consecuencias suelen recaer en los actores más vulnerables. ¿Quid pro quo?

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