La trama criminal detrás del aguacate mexicano

La cadena de exportación del aguacate mexicano a Estados Unidos fue vulnerada por intereses del crimen organizado. Información de inteligencia en poder del gobierno estadounidense señala que el Sistema Integral de Cosecha de Aguacate, conocido como SICOA, habría sido manipulado para introducir al circuito exportador fruta que no cumplía con los requisitos del programa. El expediente involucra a funcionarios de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, APEAM, y apunta también a posibles actos de corrupción en las Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Michoacán.

Ésa es la razón de fondo de la suspensión de actividades del personal estadounidense en Michoacán y no una amenaza directa o la retención de inspectores, como ocurrió en febrero de 2022 y junio de 2024. En esta ocasión, el gobierno de Estados Unidos habría retirado a sus funcionarios después de detectar que la trazabilidad del producto quedó comprometida. La diferencia es sustancial. La manipulación de un sistema de certificación exige auditorías, depuración de padrones y una revisión completa del programa exportador.

Los dos funcionarios más visibles de la APEAM son Luis Javier de la Rocha, director general, y Jesús Martínez Castillo. La investigación busca establecer cómo se incorporó fruta procedente de huertas que no debía ingresar al mercado de exportación, quién modificó los registros y qué participación tuvieron las Juntas de Sanidad de los municipios aguacateros. La evidencia disponible no permite afirmar que los productores sean parte de los cárteles; la mayoría son víctimas del cobro de piso. El señalamiento se concentra en la intervención de redes criminales en los procesos de producción, transporte, empaque, certificación y control territorial.

APEAM conocía la dimensión del problema, pero el martes acudió a Palacio Nacional con una explicación distinta. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibió a representantes de la industria y que, tras el encuentro, se acordó reforzar la presencia de la Guardia Nacional y solicitar una reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En la mesa participaron también funcionarios de seguridad y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Los dirigentes de APEAM centraron su exposición en el aumento de las extorsiones contra productores y empacadores y en el programa estatal Guardián Forestal. No informaron a la Presidenta sobre el expediente relacionado con el SICOA ni sobre la investigación estadounidense en torno a las Juntas de Sanidad. Tampoco explicaron que el gremio habría incumplido acuerdos y rutas de trabajo establecidos con el Departamento de Agricultura, el Departamento de Estado y la Embajada para garantizar la seguridad y la integridad del programa. Más que una explicación incompleta, llevaron a Palacio una versión conveniente para sus intereses.

La reacción presidencial se construyó sobre ese diagnóstico. Sheinbaum declaró que si los inspectores estadounidenses no regresan, podrían ser sustituidos por personal de Senasica. Pero esta alternativa es técnicamente inviable sin la autorización de Washington. El aguacate mexicano ingresa a Estados Unidos bajo un Plan de Trabajo Operativo acordado entre USDA-APHIS, Senasica y APEAM. México no puede modificar unilateralmente ese mecanismo ni decidir quién certifica los embarques que entran al mercado estadounidense.

La propuesta resulta todavía menos viable si el problema es precisamente la falta de confianza en los controles mexicanos. Si Estados Unidos investiga la manipulación del SICOA y posibles irregularidades en las Juntas de Sanidad, difícilmente aceptará entregar la certificación exclusivamente a funcionarios de Senasica. La sustitución requeriría modificar bilateralmente el plan, acreditar nuevamente los procesos y establecer un esquema de supervisión aceptado por el USDA.

El tamaño del negocio explica la gravedad del caso. México exportó en 2025 alrededor de 3 mil 650 millones de dólares en aguacate a Estados Unidos, de acuerdo con cifras del USDA. Para 2026, el propio Departamento de Agricultura proyectó exportaciones mexicanas por 1.3 millones de toneladas, con Estados Unidos como principal destino. Michoacán concentra la mayor parte de esos envíos y la industria sostiene aproximadamente 200 mil empleos. El valor diario de las exportaciones nacionales ronda los 10 millones de dólares, por lo que la cifra de 100 millones diarios expuesta durante la reunión en Palacio no tiene sustento aritmético.

Información atribuida al Departamento de Estado calcula que las organizaciones criminales obtienen entre 600 y 800 millones de dólares anuales de la cadena del aguacate. La cifra equivaldría a entre 16% y 22% del valor exportado a Estados Unidos durante 2025.

El expediente adquiere otra dimensión desde que Estados Unidos designó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Los pagos de extorsión realizados por empacadoras o compañías con exposición a la jurisdicción estadounidense pueden ser investigados como posible apoyo material, aunque hayan ocurrido bajo coacción.

La suspensión no es, por tanto, una disputa fitosanitaria ni un cierre comercial ordinario. Estamos ante una ruptura de confianza sobre la integridad del programa que sostiene el acceso del aguacate mexicano a su principal mercado: Estados Unidos.

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