La pipa que condujo a SIMSA y las prisas de la FGR
Mario Maldonado
La investigación comenzó el 3 de julio en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato. Una pipa descargaba 33 mil litros de diésel que su conductor no pudo acreditar. La revisión llevó a las autoridades hasta una terminal de San José Iturbide, donde fueron asegurados 59 millones de litros de gasolinas y diésel.
El operativo fue presentado como uno de los mayores golpes contra el huachicol. Sin embargo, la instalación está autorizada para almacenar combustibles. Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA, exhibió el permiso PL/19344/ALM/2016 y sostuvo que el producto pertenece a clientes que deben acreditar su procedencia.
La cronología contiene un vacío. Según información publicada por medios de comunicación, el operativo ocurrió el 4 de septiembre, la terminal reanudó actividades el día 10 y el aseguramiento fue anunciado hasta el 17, cuando llevaba una semana funcionando nuevamente.
El permiso de SIMSA autorizaba el almacenamiento, pero no el origen ni la trazabilidad del combustible incautado. La FGR deberá entonces establecer si éste fue adquirido conforme a la ley, si se pagaron impuestos y quiénes son sus propietarios. Hasta ahora existe un aseguramiento, no un decomiso definitivo.
La FEMDO atrajo el expediente, mientras que la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, informó que varias empresas deben entregar documentación sobre origen, manejo y destino. La presidenta Claudia Sheinbaum también reaccionó y pidió a la Fiscalía presentar los detalles. Previamente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que no hubo detenidos porque no había personas en el predio, aunque anticipó detenciones.
Grupo SIMSA tiene seis décadas en el sector. Salomón Issa Murra fundó el consorcio en Torreón en 1967. Sus hijos, Salomón y Nesim Issa Tafich, asumieron la administración en 2010 y ampliaron operaciones.
Un recuento de junio de 2023 identificó 292 permisos vinculados con 11 de 26 empresas relacionadas con los Issa Tafich. Los registros de la Comisión Nacional de Energía mezclan autorizaciones en operación, pendientes, vencidas, terminadas y modificadas. Los principales corresponden a Combugas, las filiales de Torreón y Zacatecas, y a Gas Natural del Noroeste.
La integración del grupo también quedó bajo revisión regulatoria. En 2022, 10 empresas relacionadas con SIMSA solicitaron a la Comisión de competencia una opinión sobre su participación simultánea en distintos eslabones del mercado de hidrocarburos. El punto era determinar si compañías bajo un mismo control podían operar en transporte, almacenamiento y comercialización sin favorecer a sus propias filiales ni limitar el acceso de competidores.
SIMSA también ha enfrentado conflictos con competidores. En Navojoa, Gas Natural del Noroeste y Monterrey Energy Pipeline se acusaron por derechos de vía, invasión y sabotaje. La FGR abrió una carpeta y un socio de MEP fue vinculado a proceso. En Coahuila, el conflicto con EON Energy derivó en la detención de su propietario por supuesto fraude, en un expediente cuestionado por la defensa. Otra filial obtuvo en 2018 un amparo de la Suprema Corte por vicios legislativos en reglas sobre reporte de precios, volúmenes y estructura corporativa.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador inició su sexenio con una cruzada contra el huachicol. Cerró ductos, reforzó la vigilancia militar y compró pipas para supuestamente reducir el robo directo. Pero los ilícitos cobraron fuerza no sólo con el contrabando, sino con cargamentos declarados como aditivos que cruzaron puertos y aduanas: el huachicol fiscal.
Sheinbaum y Harfuch han desplazado la persecución hacia barcos, trenes, terminales, facturas y pedimentos. La estrategia busca reconstruir operaciones financieras y comerciales, no sólo localizar combustible.
El caso de SIMSA y los 59 millones de litros pone a prueba a la FGR y al gabinete de seguridad: ¿corresponden a operaciones lícitas?, ¿existen inconsistencias documentales o fiscales y qué responsabilidad corresponde a cada involucrado? La pipa condujo a una terminal. Ahora la investigación debe conducir, con pruebas y control judicial, al origen del combustible y a sus propietarios.
Columna: Soberanía y modernización del campo
¿En cuánto está el kilo de tortilla? Era diciembre del 2011 y esta pregunta puso en aprietos a más de un precandidato presidencial. El peor respondió que no sabía porque no era “la señora de la casa” y su frase quedó como retrato de una distancia que nunca deberíamos aceptar -- leer más
Noticias del tema