La advertencia de la ONU sobre las desapariciones en México y lo que propone
Un comité de la ONU identificó indicios fundados de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad en México y propuso cooperación internacional urgente.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) advirtió que existen indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad en México y señaló que esta práctica continúa. El organismo planteó cooperación internacional en seis ámbitos, entre ellos la búsqueda de personas, la investigación de los casos y la atención de la crisis forense, aunque aclaró que su decisión no constituye una declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano.
ONU activa mecanismo excepcional por desapariciones en México
Ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, explicó que el comité decidió llamar urgentemente la atención internacional sobre la situación de las desapariciones en México.
Para ello, activó por primera vez el procedimiento excepcional previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La decisión se tomó después de examinar información proporcionada por el gobierno mexicano, aportaciones de víctimas y organizaciones civiles, así como antecedentes recopilados desde 2012.
Albán Alencastro explicó que corresponde a la Asamblea General considerar las posibilidades de apoyo internacional a México. También precisó que el artículo 34 funciona como un mecanismo preventivo para movilizar la atención y la cooperación internacional ante situaciones particularmente graves.
Las seis áreas de cooperación internacional propuestas
El comité planteó que la asistencia internacional se concentre en seis ámbitos para responder a la crisis de desapariciones forzadas en el país.
Las áreas propuestas son la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación de los casos, el esclarecimiento de la verdad, la atención de la crisis forense, la protección de las víctimas y la protección de sus familias.
El organismo indicó que mantendrá el diálogo con las autoridades mexicanas y las organizaciones civiles para orientar la cooperación y dar seguimiento a la situación.
Aunque reconoció los esfuerzos realizados por el gobierno mexicano, el presidente del comité sostuvo que persisten problemas estructurales que requieren atención.
El comité aclara que no declaró responsable al Estado mexicano
Albán Alencastro subrayó que la decisión del CED no implica una declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano.
También aclaró que el procedimiento no supone que el comité haya identificado una política federal dirigida a cometer desapariciones forzadas mediante acciones deliberadas u omisiones de las autoridades.
La determinación se refiere a la existencia de indicios fundados que, a juicio del organismo, justifican activar el mecanismo excepcional y solicitar que la comunidad internacional considere formas de cooperación.
México rechaza la interpretación del artículo 34
La delegación mexicana rechazó la interpretación del comité sobre el alcance y la aplicación del artículo 34, aunque afirmó que el país mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación con los organismos internacionales.
Durante su intervención, la representación nacional sostuvo que la búsqueda de personas desaparecidas continúa y reconoció el dolor de las familias buscadoras.
El gobierno mexicano afirmó que no consiente ni tolera estos delitos y señaló que actualmente son cometidos principalmente por grupos criminales y, en algunos casos, por autoridades municipales.
La delegación también sostuvo que, independientemente de quiénes sean los responsables, los casos deben investigarse y sancionarse.
Gobierno reporta más de 16 mil personas localizadas en 2026
Durante su intervención, la representación mexicana informó que más de 16 mil personas fueron localizadas durante 2026, la mayoría con vida, según las cifras presentadas por el gobierno.
También destacó el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana.
Entre las medidas mencionadas figura la operación permanente de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, en la que participan autoridades de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional.
Además, México informó que integró, junto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar el registro de personas desaparecidas.
ONU reporta dificultades para atender casos de desaparición
Al presentar su informe anual, el presidente del CED informó que entre marzo de 2025 y febrero de 2026 el comité recibió 336 solicitudes de acción urgente procedentes de distintos países, de las cuales registró 251.
Desde la creación de este procedimiento, el organismo ha contribuido a localizar a 574 personas desaparecidas, de las cuales 437 fueron encontradas con vida.
Sin embargo, Albán Alencastro advirtió que la falta de cooperación de algunos Estados, las deficiencias en las investigaciones y los actos de intimidación contra víctimas y acompañantes dificultan la labor del comité.
También señaló que las restricciones presupuestarias de Naciones Unidas han reducido el tiempo disponible para las sesiones y el personal de apoyo. Estas limitaciones han impedido resolver algunas comunicaciones individuales y realizar tres visitas que ya habían sido aceptadas.
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