'Jugaron con mi mente': El doloroso fraude de mil 800 dólares a la esposa de un migrante
Organizaciones delictivas aprovechan la falta de información y la vulnerabilidad de las familias para exigir depósitos económicos a cambio de supuestas órdenes de libertad.
Los familiares de personas extranjeras aseguradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la frontera norte se enfrentan a un nuevo factor de vulnerabilidad: redes de estafadores que exigen pagos de hasta mil 800 dólares bajo la falsa promesa de liberar a sus seres queridos. En testimonios recabados por MILENIO, los afectados denunciaron cómo los delincuentes operan mediante llamadas telefónicas de extorsión, simulando ser funcionarios federales, jueces o defensores legales para engañar a las familias en momentos de crisis.
Modus operandi y la suplantación de agentes migratorios
El caso documentado de Rosa María ilustra el patrón de engaño utilizado por estas redes. Su esposo, Jesús Marcos Romero, fue interceptado por la autoridad migratoria al salir de su jornada laboral y trasladado a una instalación reservada. Durante el periodo de incomunicación, la afectada recibió una llamada telefónica bilingüe donde presuntos oficiales del ICE afirmaban que su cónyuge no representaba un peligro y sería liberado en territorio estadounidense mediante la colocación de un grillete electrónico, condicionando el trámite a una transferencia monetaria de mil 800 dólares, supuestamente reembolsables en un lapso de 30 días.
Impacto financiero y psicológico en las víctimas
La presión psicológica ejercida durante enlaces telefónicos que promedian entre los 34 y 40 minutos de duración anula la capacidad de verificación de las víctimas. Al disponer del nombre completo y estatus de detención del migrante, los delincuentes generan confianza inmediata. Para cubrir la cuota solicitada de forma urgente, las familias recurren a préstamos financieros informales, lo que resulta en un severo sobreendeudamiento. Tras consumarse el depósito bancario, los criminales cortan la comunicación, dejando a los afectados desprotegidos económicamente y con la incertidumbre del proceso de deportación.
Estatus legal actual de los afectados
Tras percatarse del fraude comercial y recuperar los canales oficiales de comunicación, Rosa María logró constatar que su esposo nunca estuvo programado para una liberación bajo fianza por las vías descritas. Jesús Marcos Romero se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención de Pearsall, Texas, en espera de que las cortes de inmigración resuelvan su situación jurídica formal. Activistas y defensores de los derechos de los migrantes han exhortado a la población a no realizar depósitos ni transferencias basándose en llamadas telefónicas y a verificar los expedientes directamente en los padrones oficiales de localización del gobierno estadounidense.
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