Juez concede prisión domiciliaria a Ricardo Thompson, acusado de huachicol fiscal
Ricardo Thompson Navarro dejó el Altiplano y fue trasladado a Baja California para cumplir prisión domiciliaria.
Un juez de control concedió a Ricardo Thompson Navarro el beneficio de llevar su proceso penal en su domicilio, por lo que fue trasladado del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en el Estado de México, a un inmueble ubicado en Ensenada, Baja California.
Ricardo Thompson deja el Altiplano
De acuerdo con registros judiciales, Ricardo Thompson Navarro fue trasladado del penal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, a un inmueble del municipio de Ensenada, Baja California, donde deberá cumplir la medida cautelar de prisión domiciliaria.
La resolución fue emitida durante una audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que un juez de control concedió el beneficio al empresario, quien enfrenta un proceso relacionado con la importación ilegal de combustibles por ferrotanques.
Con esta resolución, Thompson Navarro se convirtió en el quinto de los nueve implicados en obtener prisión domiciliaria dentro del caso que la Fiscalía General de la República (FGR) relaciona con una red de huachicol fiscal.
Cinco acusados cumplen prisión domiciliaria
Los acusados que, de acuerdo con la información proporcionada, han obtenido esta medida son Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez, Guillermo de la Peña Rosales y José María de la Peña Rosales.
El empresario es señalado como socio de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien también abandonó el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano” para continuar su proceso bajo prisión domiciliaria.
La FGR acusa a los implicados de formar parte de “una colosal red de contrabando de combustible”, cuyas actividades, según la dependencia, ocasionaron un perjuicio de más de cuatro mil millones de pesos al erario.
¿De qué acusa la FGR a los implicados?
La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, con residencia en el penal del Altiplano, los vinculó a proceso por los delitos de crimen organizado y contrabando, relacionados con el llamado caso de huachicol fiscal ferroviario.
Según la FGR, Ingemar S.A. de C.V. está directamente relacionada con una red criminal dedicada al contrabando de combustible transportado en ferrotanques.
La institución ministerial sostiene que mediante dicha compañía se realizaban importaciones de hidrocarburos con subdeclaración de volúmenes en pedimentos, con el objetivo de evadir impuestos.
La FGR señala que Ernesto Ruffo Appel es el accionista principal de la empresa, mientras que entre los socios mencionados se encuentran José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Ramírez y su hijo, Ricardo Thompson Navarro.
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