Hijos de Rubén Rocha Moya acumulan contratos millonarios con gobiernos de Sinaloa
Una investigación documentó contratos, órdenes de compra y empresas vinculadas con los hijos del gobernador de Sinaloa y sus socios.
Empresas de los hijos de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, han obtenido contratos públicos por millones de pesos durante distintos gobiernos estatales y municipales, de acuerdo con una investigación de EL UNIVERSAL basada en documentos oficiales.
Una constructora que comenzó con contratos públicos
En mayo de 2009, los hermanos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz fundaron la constructora Chocosa. Ocho meses después, la compañía obtuvo su primer contrato con la Secretaría de Obras de Sinaloa por 292 mil pesos para realizar un estudio relacionado con la construcción de un tramo carretero.
En ese momento, Rocha Moya era jefe de asesores del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla. Durante el año siguiente, Chocosa recibió otros contratos que sumaron 1 millón 403 mil pesos.
Posteriormente, entre 2017 y 2018, cuando Rocha Moya volvió a ocupar la jefatura de asesores durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, la empresa obtuvo cuatro contratos adicionales con la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa por 6 millones 781 mil pesos.
Una investigación denominada Operación Desfalco, publicada en 2019, documentó que entre enero de 2010 y mediados de 2018 Chocosa había obtenido 64 millones de pesos en contratos con el Gobierno de Sinaloa, el Ayuntamiento de Culiacán, el de Mocorito y sus juntas de agua.
Cuando fue cuestionado sobre un posible conflicto de interés, Rocha Moya negó haber intervenido en la contratación de la empresa y afirmó que desconocía los contratos y obras señalados.
La expansión empresarial de los hermanos Rocha Ruiz
De acuerdo con las actas constitutivas revisadas para la investigación, entre 2003 y 2016 los tres hijos hombres del gobernador con licencia fundaron al menos nueve compañías junto con hermanos y personas cercanas.
Las empresas participan en actividades como construcción, comercialización, servicios financieros, producción agropecuaria, estudios de mercado y compra, venta y cría de ganado bovino.
Entre ellas se encuentra Grupo Rofcar, fundada por José Jesús Rocha Ruiz, hijo menor del mandatario. La compañía comenzó a recibir contratos públicos apenas dos meses después de que su padre asumiera la gubernatura, en noviembre de 2021.
En diciembre de ese año empezó a vender baterías y acumuladores al Sistema DIF estatal, entonces presidido de manera honorífica por su hermana Eneyda Rocha Ruiz. Durante 2022, el organismo realizó 30 contrataciones directas con la empresa familiar.
Grupo Rofcar también extendió sus negocios a la Secretaría de Salud y a la Junta Municipal de Agua Potable de Culiacán (JAPAC).
Socios de los hijos del gobernador también reciben contratos
Los negocios públicos involucraron también a los socios de Rocha Ruiz en Grupo Rofcar: José Carlos Cárdenas Mellado y Alejandro Félix Miranda.
Cárdenas Mellado era propietario de Frutas y Verduras de ElDorado, compañía que entre 2021 y 2023 vendió productos al Sistema DIF estatal por 8.4 millones de pesos, facturó 4.5 millones a los Servicios de Salud y obtuvo 5.9 millones por ventas a la Secretaría de Educación.
En 2023 también vendió 106 toneladas de bolsas para basura al Ayuntamiento de Culiacán por 6 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, Cárdenas Mellado facturó alrededor de 25 millones de pesos con la administración pública.
En agosto de 2024, Rocha Moya lo nombró director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES), cargo que dejó el 19 de octubre de 2026.
Por su parte, Alejandro Félix Miranda aparece como representante legal de Grupo Rofcar y también recibió contratos como persona física.
Entre diciembre de 2021 y noviembre de 2024, los tres proveedores, de manera conjunta o por separado, vendieron al Gobierno de Sinaloa y al Ayuntamiento de Culiacán un total de 29 millones de pesos, según la investigación.
Predominan las adjudicaciones directas
El trabajo periodístico señala que de los 14 contratos y 547 órdenes de compra documentados, solamente uno correspondió a una licitación pública; el resto fueron adjudicaciones directas.
En esa única licitación, Frutas y Verduras de ElDorado tampoco tuvo competidores en las cuatro partidas en las que participó.
La investigación señala que para documentar las operaciones se realizaron solicitudes de información pública desde 2025 a dependencias estatales, los 20 municipios de Sinaloa y las juntas de agua potable municipales. También se cruzaron facturas, contratos y órdenes de compra.
Señalan sobreprecios en productos del DIF
Durante 2023, Frutas y Verduras de ElDorado vendió 3.4 millones de pesos en alimentos para la Casa Cuna y el Centro Gerontológico del Sistema DIF.
Según la investigación, algunos productos fueron facturados a precios de hasta cuatro veces por encima de los valores de mercado.
Entre los ejemplos documentados se encuentra un kilo de chayote vendido en 81 pesos, mientras que el precio registrado en el Mercado de Abastos de Culiacán era de 18.4 pesos.
También se facturó una pieza de elote en 20 pesos, frente a seis pesos en el mercado, y piezas de lechuga romana en 47 pesos, cuando su precio registrado era de 17 pesos.
Para realizar la comparación se revisaron 134 órdenes de compra autorizadas durante 2023 por el Sistema DIF y se utilizaron los precios registrados por el Mercado de Abastos de Culiacán en el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía.
La investigación también identificó productos de abarrotes con precios elevados, entre ellos un bote de avena en 760 pesos, un frasco de miel de abeja en 790 pesos y una pieza de gelatina en 540 pesos.
Un socio tuvo dos contratos para el mismo servicio
Alejandro Félix Miranda aparece como representante legal de Grupo Rofcar y, al mismo tiempo, como proveedor individual de aires acondicionados, baterías y acumuladores.
En abril de 2022 vendió ocho aires acondicionados a la Secretaría de Salud para el Hospital General de Culiacán. Durante 2023 también vendió medio millón de pesos en equipos de aire acondicionado al Sistema DIF Sinaloa y facturó otros 14 equipos a los Servicios de Salud del Estado.
En enero de 2023 firmó como representante de Grupo Rofcar un contrato anual con JAPAC para suministrar baterías y acumuladores. Cinco meses después obtuvo otro contrato prácticamente idéntico con la misma dependencia, pero esta vez a su nombre como persona física.
Entre 2023 y 2024, sus operaciones con el Ayuntamiento de Culiacán y otras dependencias sumaron 1.7 millones de pesos en ventas de baterías y aires acondicionados.
Piden investigar posibles irregularidades
A finales de mayo de 2026, el Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa presentó una propuesta ante el Sistema Estatal Anticorrupción para investigar contratos públicos otorgados a empresas vinculadas con los hijos del gobernador con licencia.
La propuesta planteaba revisar posibles conflictos de interés, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, peculado, negociaciones ilícitas y otras faltas administrativas.
Sin embargo, según Raquel Zapien, presidenta del CPC, los representantes de las instituciones que integran el Sistema Anticorrupción se negaron a someter la propuesta a votación.
La investigación señala que la solicitud buscaba la intervención de representantes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de Sinaloa.
Diputada pide una auditoría independiente
La diputada local Paola Gárate consideró necesaria la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar los negocios relacionados con los hijos de Rocha Moya.
La legisladora afirmó que las instituciones estatales están cooptadas y señaló presuntas irregularidades en las operaciones empresariales vinculadas con la familia del gobernador.
Sus declaraciones forman parte de los señalamientos recogidos por la investigación periodística, que documenta contratos, facturas y órdenes de compra obtenidos mediante solicitudes de información pública.
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