Hacienda, Slim y la batalla por los 300 mil mdp

El gobierno de Claudia Sheinbaum busca alrededor de 300 mil millones de pesos adicionales para cuadrar las cuentas de 2027 sin subir el IVA ni la tasa general del ISR y, sobre todo, sin presentar una reforma fiscal. Hacienda lleva por lo menos dos meses trabajando y cabildeando una serie de modificaciones que tienen un objetivo concreto: aumentar la recaudación lo suficiente para reducir el déficit, mantener la trayectoria de consolidación fiscal y evitar una nueva presión de las calificadoras sobre la deuda soberana.

La operación se ha trabajado desde la Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador, con la participación del SAT, de Antonio Martínez Dagnino, y de funcionarios que conocen bien dónde están los espacios de planeación fiscal utilizados por los grandes contribuyentes. El mandato de Palacio Nacional es conseguir más ingresos sin mandar una señal que pueda frenar todavía más la inversión.

El primer borrador fue mucho más agresivo. De acuerdo con personas que han seguido las negociaciones, una de las propuestas iniciales contemplaba imponer límites generales a determinadas deducciones de los grandes contribuyentes. El planteamiento golpeaba particularmente a compañías con estructuras intensivas en deducciones y provocó una reacción inmediata de algunos de los empresarios más importantes del país.

En las conversaciones terminaron involucrándose Carlos Slim Helú y Francisco Cervantes, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros representantes del sector privado. El argumento empresarial fue que establecer un límite transversal podía terminar castigando operaciones legítimas y afectar inversiones justamente cuando la economía necesita acelerarlas.

El proyecto regresó entonces al SAT. La segunda versión cambió la lógica. En lugar de aplicar una restricción general a los grandes contribuyentes, el gobierno comenzó a identificar actividades y conceptos específicos donde considera que existe mayor riesgo de deducciones improcedentes, operaciones simuladas o estructuras diseñadas para reducir artificialmente la base gravable del ISR.

Ahí está una de las claves del Paquete Económico 2027. Hacienda ya había adelantado públicamente que pretende combatir la llamada planeación fiscal agresiva y “balancear la base tributaria”. Édgar Amador informó recientemente a los diputados de Morena que los ingresos tributarios representan ya 15.6% del PIB y anticipó que el sector externo también será observado como una fuente adicional de recaudación.

El gobierno busca cerrar espacios de elusión antes que modificar las tasas generales. Jurídicamente podrá argumentarse que no existe una reforma fiscal integral. Para las empresas que pierdan deducciones, acreditamientos o tratamientos que actualmente utilizan, la discusión será bastante menos semántica.

La presión viene de las cuentas públicas. Sheinbaum prometió en su Segundo Informe que el Paquete Económico 2027 continuará con una “paulatina consolidación fiscal”, pero mantendrá la inversión y el gasto en bienestar, salud y educación. El problema es hacer compatibles ambas cosas. Reducir el déficit mientras Pemex continúa requiriendo apoyo federal, los programas sociales absorben alrededor de un billón de pesos y la economía mantiene un crecimiento modesto que obliga a Hacienda a encontrar ingresos en algún lado.

Por eso los 300 mil millones son relevantes. Y no necesariamente aparecerán como un solo impuesto ni procederán exclusivamente de las medidas contra las deducciones empresariales. El paquete que se ha venido construyendo suma distintas fuentes de recaudación.

Una de ellas será el IEPS. Diputados de Morena ya reconocieron que analizan aumentar gravámenes a bebidas alcohólicas, cerveza y extenderlos a productos con alto contenido de sodio. La bolsa no es menor. Entre enero y julio de este año el SAT recaudó 68 mil 705 millones de pesos por IEPS aplicado a alimentos no básicos de alta densidad calórica, bebidas alcohólicas, cerveza y bebidas refrescantes.

Los alimentos aportaron 24 mil 972 millones de pesos; las bebidas alcohólicas, 15 mil 353 millones, y cerveza y bebidas refrescantes, 28 mil 331 millones. Un incremento de tasas o una ampliación de productos gravados permitiría obtener varios miles de millones adicionales.

El diseño final se conocerá con la entrega del Paquete Económico, prevista a más tardar para el 8 de septiembre. Hasta entonces será posible saber cuánto sobrevivió de aquellos primeros borradores y dónde quedaron los límites a las deducciones después de las negociaciones con los empresarios.

La Presidenta quiere cumplir simultáneamente tres compromisos difíciles de conciliar: reducir el déficit, mantener los programas y la inversión pública y no aprobar una reforma fiscal que afecte la actividad productiva. A ver si todo eso se puede cumplir.

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