Gobierno de Michoacán busca 12 años de prisión para activista
Raúl Meza enfrenta una acusación que podría llevarlo 12 años a prisión por las protestas.
El Gobierno de Michoacán solicitó una condena de 12 años de prisión contra Raúl Meza Abonce, de 27 años, por su presunta participación en los hechos violentos registrados durante las protestas posteriores al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
La administración de Alfredo Ramírez Bedolla sostiene que el joven habría formado parte de un supuesto “plan común” para atacar la sede del Ejecutivo estatal, mientras que su defensa rechaza la acusación y señala que se pretende criminalizar su participación en las manifestaciones.
Acusación por las protestas tras el asesinato de Carlos Manzo
En el documento presentado ante un juez de control, el Gobierno de Michoacán, en calidad de coadyuvante de la Fiscalía, sostiene que durante las protestas habría existido una actuación colectiva y organizada, acompañada de una supuesta división de funciones.
La autoridad plantea que, bajo esa hipótesis, no sería necesario acreditar que Raúl Meza ocasionó personalmente cada uno de los daños registrados en el Palacio de Gobierno para atribuirle responsabilidad.
La defensa considera que esta interpretación amplía de manera indebida la responsabilidad penal y sostiene que Meza participó en las movilizaciones como manifestante.
La imagen de Raúl Meza con una bandera durante la movilización
Uno de los elementos que adquirió mayor relevancia en el caso fue la participación del joven dentro del Palacio de Gobierno.
Durante las protestas, Meza tomó una bandera y salió a ondearla desde uno de los balcones del inmueble. La escena fue difundida ampliamente y convirtió al activista en uno de los rostros identificados con aquellas manifestaciones.
Su abogado, Carlos Escobedo, sostiene que esa exposición pública contribuyó a colocarlo en el centro de la investigación.
El defensor también señaló que Meza participó en las protestas debido al hartazgo generado por la violencia y por experiencias personales relacionadas con la inseguridad.
Gobierno señala daños en el Palacio de Gobierno
La administración estatal sostiene que los acontecimientos ocurridos durante las manifestaciones rebasaron los límites de una protesta legítima.
En la acusación presentada el 3 de agosto se señala que algunos participantes habrían utilizado objetos incendiarios y provocado daños en bienes públicos, además de generar riesgos para personas y para el patrimonio histórico.
El Gobierno estatal argumenta que las acciones habrían buscado afectar el funcionamiento de las instituciones públicas.
La defensa cuestiona que Raúl Meza pueda ser responsabilizado por daños derivados de una acción colectiva.
Solicitan prisión, suspensión de derechos y reparación económica
Además de los 12 años de prisión, el Gobierno de Michoacán solicitó que Meza sea sujeto a la suspensión de sus derechos políticos durante el mismo periodo.
También pidió una reparación integral por las afectaciones registradas en el Palacio de Gobierno.
El documento menciona daños en el inmueble, mobiliario, equipo de cómputo, puertas, cristales y otros bienes.
La acusación establece inicialmente un monto de mil 370 millones de pesos, aunque la cantidad podría actualizarse o modificarse durante el desarrollo del proceso.
Defensa busca frenar el proceso antes de la audiencia intermedia
Raúl Meza enfrenta el proceso en libertad y su defensa promovió un recurso de amparo con el objetivo de frenar el procedimiento penal.
El 3 de septiembre está prevista la audiencia intermedia, etapa en la que se determinarán las pruebas que podrán ser utilizadas en un eventual juicio.
La resolución del amparo será relevante para conocer si el procedimiento puede continuar conforme al calendario previsto.
Raúl Meza mantiene la presunción de inocencia
La solicitud de 12 años de prisión corresponde a la postura presentada por el Gobierno de Michoacán dentro del proceso y no representa una sentencia.
Raúl Meza mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.
El juez deberá valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Gobierno estatal y la defensa antes de determinar si existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio y, posteriormente, establecer alguna responsabilidad.
El proceso también ha generado cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil sobre los límites entre la protesta social y la responsabilidad penal por los hechos ocurridos durante las manifestaciones.
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