Fraude millonario a adultos mayores mediante suplantación de la UIF y el SAT
Una sofisticada red criminal suplantó identidades de altos funcionarios federales y locales para despojar de sus ahorros y pensiones a un grupo de jubilados.
Cuatro adultos mayores enfrentan la quiebra financiera tras perder casi 2 millones de pesos a manos de un grupo de defraudadores que suplantó las identidades de servidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, valiéndose de intimidaciones y papelería apócrifa.
El origen de la estafa en el sector salud
El esquema delictivo comenzó a operar en octubre de 2025, cuando una de las víctimas, identificada como José Luis Ramírez, fue abordada a las afueras de una clínica del IMSS en Xalapa, Veracruz. Una mujer que se identificó falsamente como abogada le ofreció un supuesto plan para incrementar el monto de su pensión mensual de ocho mil a 20 mil pesos a través de la firma S&A Corresponsal Jurídico, un despacho que meses después se descubrió que no existía.
Tras percatarse del engaño inicial en febrero, los afectados interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Sin embargo, los delincuentes interceptaron los reportes y contactaron a los adultos mayores desde números telefónicos con clave de larga distancia de la Ciudad de México, haciéndose pasar por investigadores federales adscritos a las dependencias encargadas del combate a la corrupción con el fin de supuestamente ayudarlos a recuperar su dinero.
Suplantación institucional y amenazas financieras
Para consolidar el engaño, los criminales falsificaron las firmas de altos mandos gubernamentales, incluyendo a la titular de Buen Gobierno y al director de la UIF, Omar Reyes Colmenares. Los estafadores crearon perfiles falsos en plataformas digitales y emitieron supuestos certificados de traslado de fondos avalados de forma apócrifa por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, solicitando depósitos sucesivos bajo el concepto de gastos de gestión y apertura de fideicomisos.
Cuando las víctimas manifestaron no contar con más recursos económicos, la red delictiva endureció su estrategia mediante amenazas directas de persecución legal y auditorías por lavado de dinero. Los falsos funcionarios intimidaron a los adultos mayores con incluirlos en la lista de personas bloqueadas de las instituciones bancarias para inmovilizar tanto sus cuentas personales como las de sus familiares directos, lo que obligó a los afectados a contraer deudas severas y vender propiedades para cubrir las multas inventadas.
Extorsión final y el llamado a las autoridades
La última fase de la operación delictiva ocurrió a finales de mayo, involucrando identidades usurpadas de personal operativo de la Contraloría General de la Ciudad de México. Bajo la promesa de liberar una indemnización de 500 mil pesos para resarcir los daños previos, los delincuentes exigieron un último pago de 103 mil pesos por concepto de certificación jurídica; aunque algunas víctimas cesaron los depósitos al notar el fraude, otros integrantes del grupo continúan pagando por temor a represalias físicas.
A pesar de que las dependencias oficiales han reiterado de forma pública que sus trámites administrativos son completamente gratuitos y que no poseen cuentas de atención en redes sociales, el impacto económico ha dejado a los denunciantes en condiciones de vulnerabilidad extrema, obligándolos a buscar empleos alternos bajo condiciones de discapacidad para poder solventar los intereses bancarios generados durante la extorsión.
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