EU deportó a más de 25 mil personas mediante acuerdos con 35 países
Una investigación reveló que Estados Unidos concretó acuerdos con 35 países para recibir deportados de terceros países, con México como principal receptor.
Estados Unidos deportó a más de 25 mil personas a terceros países mediante acuerdos establecidos con 35 naciones desde que Donald Trump asumió la Presidencia en enero de 2025, de acuerdo con una investigación publicada por Forbidden Stories y un consorcio de periodistas internacionales.
Según los datos recopilados por la investigación, 25 mil 447 personas habían sido deportadas a terceros países hasta el 31 de agosto de 2026.
La mayoría, unas 20 mil personas, fueron enviadas a México, mientras que el resto se distribuyó entre otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Además, se habían concretado acuerdos con otros siete países.
Acuerdos para recibir a deportados
La investigación señala que Estados Unidos estableció acuerdos con países en desarrollo para recibir a personas que, según las autoridades estadounidenses, no podían ser enviadas legalmente de regreso a sus lugares de origen.
Los acuerdos presentan diferencias respecto a las nacionalidades que pueden ser aceptadas y a la posibilidad de recibir personas con antecedentes penales.
De acuerdo con Forbidden Stories, el gobierno estadounidense destinó 410 millones de dólares para ser entregados directamente a los países receptores o a organismos de Naciones Unidas con el objetivo de facilitar las deportaciones.
Países africanos fueron contactados
La investigación también documentó que 49 de los 54 países de África fueron contactados para evaluar si aceptarían a personas deportadas desde Estados Unidos que no fueran originarias de esos territorios.
Una investigación de AFP publicada anteriormente señaló que Washington utilizó restricciones y prohibiciones de visas para presionar a algunos países africanos a aceptar deportados.
Abogados consultados en esa investigación señalaron que algunas personas deportadas quedaban en un “limbo legal”, al ser retenidas en países con los que no tenían vínculos y donde, según sus señalamientos, contaban con derechos limitados.
Oficina de Remigración gestionó negociaciones
Según Forbidden Stories, una división del Departamento de Estado denominada Oficina de Remigración, creada en mayo de 2025, gestionó buena parte de las negociaciones y los pagos relacionados con estos acuerdos.
La oficina está dirigida por Christian Jove Ehrhardt, diplomático que anteriormente trabajó como oficial de seguridad.
Entre los casos documentados está el de Camerún, país que en diciembre firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos para aceptar deportados.
Posteriormente, Camerún firmó un programa de asistencia sanitaria de cinco años por casi 400 millones de dólares. En enero, el Departamento de Estado anunció además una aportación de 30 millones de dólares al ACNUR en ese país.
El primer avión con deportados llegó a Camerún el 14 de enero, según la investigación.
Países reciben recursos por aceptar deportados
Los acuerdos también contemplan recursos económicos entregados directamente a algunos gobiernos.
Palau, una nación insular del Pacífico con menos de 18 mil habitantes, firmó en diciembre de 2025 un acuerdo para aceptar hasta 75 ciudadanos de terceros países a cambio de 7.5 millones de dólares. Hasta el momento, tres personas habían sido enviadas bajo ese convenio.
En Esuatini, 32 personas llegaron desde julio de 2025, de un total potencial de 160 contempladas en un acuerdo valorado en más de 5 millones de dólares. La investigación señala que el país aceptó personas deportadas con antecedentes penales.
Más de 400 millones de dólares destinados a los acuerdos
Documentos internos del Departamento de Estado citados por Forbidden Stories indican que, de los 410 millones de dólares previstos, alrededor de 81 millones de dólares estaban destinados a los gobiernos signatarios.
Otros recursos fueron destinados a organizaciones de ayuda internacional, entre ellas la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con más de 178 millones de dólares, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con 123 millones.
La participación de estas organizaciones ha generado cuestionamientos. Sin embargo, el ACNUR afirmó a Forbidden Stories que no forma parte de los acuerdos bilaterales y que los fondos estadounidenses son utilizados de acuerdo con su mandato para fortalecer los sistemas de asilo.
Por su parte, un portavoz de la OIM explicó que sus decisiones sobre la aceptación de fondos se basan en si su participación puede mejorar las condiciones de vida de los migrantes afectados.
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