Estas son las razones para suspender derechos político-electorales
Una denuncia o investigación no basta para perder derechos políticos; la prisión y ciertas condenas sí pueden impedir una candidatura.
Una denuncia, investigación o imputación no implican automáticamente la suspensión de los derechos político-electorales, explicó Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, al detallar los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Constitución que pueden impedir a una persona contender por un cargo de elección popular.
Durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que los criterios deben analizarse junto con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente a partir del principio de presunción de inocencia.
¿Una denuncia impide ser candidato?
Zaldívar explicó que una persona que únicamente ha sido denunciada, investigada o imputada conserva sus derechos político-electorales.
En estos casos, la existencia de una carpeta de investigación o una imputación no significa que la persona haya perdido sus derechos, por lo que puede participar en una contienda electoral mientras no exista una causa constitucional que establezca su suspensión.
El funcionario destacó que la presunción de inocencia es uno de los elementos centrales para determinar la elegibilidad de una persona.
¿Qué ocurre con una vinculación a proceso?
La situación puede cambiar cuando existe una vinculación a proceso acompañada de prisión preventiva.
Si la persona permanece privada de la libertad bajo esta medida cautelar, sus derechos político-electorales quedan suspendidos conforme a lo establecido en el artículo 38 constitucional.
En cambio, cuando una persona está vinculada a proceso pero enfrenta el procedimiento en libertad, los criterios del Tribunal Electoral permiten que conserve sus derechos y pueda ser candidata.
Por ello, una vinculación a proceso por sí sola no constituye un impedimento automático para participar en una elección.
¿Una orden de aprehensión impide contender?
Zaldívar también aclaró que la existencia de una orden de aprehensión no provoca por sí misma la suspensión de los derechos político-electorales.
Para que una persona sea considerada prófuga de la justicia, deben concurrir otros elementos, entre ellos la existencia de una orden judicial y evidencia de que la persona se sustrajo deliberadamente de la acción de las autoridades.
De esta manera, no basta con que exista una orden de aprehensión para determinar automáticamente que alguien perdió sus derechos políticos.
¿Qué pasa con una sentencia condenatoria?
Cuando existe una sentencia condenatoria, el análisis depende de la sanción impuesta y del delito por el que la persona fue sentenciada.
Si la persona se encuentra en prisión cumpliendo una pena corporal, sus derechos político-electorales permanecen suspendidos durante ese periodo.
Además, existen determinados delitos por los cuales la Constitución establece restricciones incluso cuando la persona se encuentra en libertad.
Entre ellos se encuentran los delitos contra la vida y la integridad corporal, delitos sexuales o contra el libre desarrollo de la personalidad, violencia familiar y violencia política contra las mujeres en razón de género, además del incumplimiento de obligaciones alimentarias.
¿Qué delitos pueden impedir una candidatura?
El artículo 38 constitucional contempla supuestos específicos que pueden provocar la suspensión de los derechos político-electorales.
Entre ellos se encuentran las condenas por violencia familiar, violencia política de género, delitos sexuales, delitos contra la vida y la integridad corporal y la condición de deudor alimentario moroso, conforme a los supuestos previstos constitucionalmente.
En estos casos, la persona puede quedar impedida para ejercer sus derechos políticos aunque no se encuentre privada de la libertad.
Cada candidatura debe analizarse de manera individual
Zaldívar señaló que las reglas constitucionales funcionan como un marco general, pero la elegibilidad debe determinarse caso por caso, considerando las circunstancias particulares y las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales.
También explicó que una sentencia que imponga una suspensión de derechos políticos debe contar con la justificación correspondiente y puede ser revisada por las autoridades electorales.
El objetivo, señaló, es evitar que una persona pierda sus derechos político-electorales únicamente por estar relacionada con una investigación penal, sin que exista una resolución que actualice alguno de los supuestos establecidos por la Constitución.
En consecuencia, tener una denuncia, una carpeta de investigación, una imputación o una vinculación a proceso en libertad no significa automáticamente que una persona no pueda ser candidata. La suspensión depende de factores como la prisión preventiva, la condición de prófugo de la justicia o determinadas sentencias y delitos establecidos en el artículo 38 constitucional.
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