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Empresas vinculadas a Amílcar Olán obtuvieron contratos millonarios con la 4T

Nacional
Agencias / El Tiempo
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Amílcar Olán pasó de obtener un contrato de 27 mil pesos a participar en negocios millonarios con gobiernos de la Cuarta Transformación.

Amílcar Olán Aparicio, empresario de Tabasco y cercano a Andrés Manuel López Beltrán, pasó de recibir contratos pequeños para suministrar materiales sanitarios a obtener más de 500 millones de pesos en contratos vinculados con gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

El primer contrato de Amílcar Olán

El 25 de mayo de 2018, dos semanas antes de la elección presidencial en la que resultó ganador Andrés Manuel López Obrador, Olán Aparicio recibió su primer contrato con el gobierno federal.

El contrato 42477, otorgado mediante adjudicación directa por la entonces Corporación Mexicana de Investigación en Materiales (Comimsa), hoy Innova Bienestar, fue asignado a la empresa Castel, propiedad de Olán Aparicio.

El acuerdo contempló el suministro de 10 émbolos y sensores para fluxómetros de sanitarios, por un monto total de 27 mil 642.86 pesos.

La empresa entregó cinco émbolos para fluxómetro de sensor electrónico de corriente para taza de seis litros por descarga, con un precio unitario de 922 pesos, además de cinco sensores para fluxómetros electrónicos, con un costo individual de 3 mil 843 pesos.

Contratos millonarios con gobiernos de la 4T

Posteriormente, empresas vinculadas a Olán Aparicio comenzaron a obtener contratos de mayor monto.

En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) aparece el contrato CVST-120/21, firmado en julio de 2021, mediante el cual la Secretaría de Salud destinó 5 millones 268 mil pesos para la compra de materiales, accesorios y suministros médicos a Romedic S.A. de C.V., propiedad de Olán Aparicio.

También figura el contrato ISSETIDGIDA/0234/2020, por el que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco entregó a Romedic más de un millón 65 mil pesos para el suministro de materiales farmacéuticos.

El acuerdo correspondió a la administración de Tabasco encabezada entonces por Adán Augusto López Hernández.

Más de 490 millones de pesos del Insabi

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que, entre 2020 y 2022, más de 490 millones de pesos de recursos federales provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) terminaron en las cuentas de Romedic S.A. de C.V.

La empresa es propiedad de Amílcar Olán Aparicio.

A estos recursos se suman pagos realizados posteriormente por el Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con información revelada por EL UNIVERSAL, entre mayo de 2023 y mayo de 2026, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y posteriormente el Órgano de Administración Judicial (OAJ) pagaron a Olán Aparicio 18 millones 475 mil 894 pesos por concepto de renta y mantenimiento del edificio sede de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Villahermosa.

La relación con la Notaría 27

De acuerdo con el contrato de arrendamiento VILLAHERMOSA_CTO_01_2025, Olán Aparicio declaró ser propietario de dos inmuebles y contar con facultades para otorgarlos en arrendamiento.

Las facultades fueron acreditadas mediante testimonios notariales de 2011 y 2023, formalizados ante la Notaría Pública número 27, cuya titularidad corresponde a Adán Augusto López Hernández.

En octubre de 2025, EL UNIVERSAL informó que esa notaría dio fe de la constitución de empresas que posteriormente obtuvieron contratos millonarios con dependencias federales.

Entre los casos señalados se encuentra Escudero Construcciones, que junto con Constructora Elvic obtuvo un contrato de 986 millones de pesos con Pemex para la construcción de oficinas y una zona de pruebas en Tabasco.

Datos testados en el primer contrato

El contrato inicial de Castel contiene información testada, entre ella el RFC, domicilio, número telefónico y número de cuenta bancaria de la empresa.

La entonces Corporación Mexicana de Investigación en Materiales justificó la reserva de esos datos al considerar que correspondían a información personal y confidencial conforme a la legislación de transparencia.

La institución señaló además que no tenía certeza de que el domicilio registrado correspondiera exclusivamente al negocio, pues también podía tratarse del domicilio particular, y expresó una consideración similar respecto al número telefónico.

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