El primer examen anticorrupción de Jorge Romero

La primera prueba del discurso anticorrupción del presidente del PAN, Jorge Romero, será la selección de candidatos para el 2027. Uno de los focos rojos es Sonora. La intención de Alejandro López Caballero de buscar nuevamente la candidatura panista a la alcaldía de Hermosillo obligará al partido a demostrar si la prometida renovación también implica aplicar filtros más estrictos a perfiles con antecedentes documentados por las autoridades.

Dentro del partido ya comenzó a analizarse el impacto que tendría una eventual postulación de quien fue secretario de Hacienda de Sonora entre 2009 y 2012, durante el gobierno de Guillermo Padrés, y posteriormente alcalde de Hermosillo. No tanto por su trayectoria política o por la estructura territorial que aún conserva en la capital del estado, sino por los señalamientos que lo acompañan desde hace más de una década.

El antecedente más delicado es una resolución derivada de una auditoría practicada por la Auditoría Superior de la Federación a recursos federales ejercidos por el gobierno sonorense. La revisión comprendió 547.3 millones de pesos destinados a 98 obras y proyectos financiados mediante un convenio con la Federación. La ASF concluyó que no existía documentación suficiente para acreditar el destino y la correcta aplicación de parte de esos recursos y determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal. Posteriormente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la responsabilidad resarcitoria correspondiente, por un monto cercano a los 296 millones de pesos.

López Caballero también aparece en el Registro de Servidores Públicos, Particulares y Personas Morales Sancionadas de la propia Auditoría Superior de la Federación. Durante su paso por la administración municipal también enfrentó observaciones relacionadas con el manejo de recursos del DIF Hermosillo, operaciones de enajenación de terrenos municipales, adquisiciones públicas, recursos del programa SUBSEMUN y diversas observaciones técnicas formuladas a obras públicas, entre ellas la rehabilitación del Parque La Sauceda.

Ninguno de estos antecedentes impide, por sí mismo, que busque nuevamente un cargo de elección popular. Sin embargo, el trasfondo es político. Jorge Romero ha insistido desde que asumió la dirigencia nacional que el PAN necesita reconstruir credibilidad, abrir espacios a perfiles ciudadanos y recuperar la bandera de la honestidad frente al desgaste de los últimos años. La eventual postulación de un aspirante con este historial obligaría al partido a explicar cuáles son los criterios con los que evalúa a sus candidatos y qué peso real tienen las resoluciones de las autoridades fiscalizadoras en ese proceso.

Dentro del PAN, el tema genera incomodidad. Nadie desconoce la capacidad política del exalcalde, ni las redes que conserva en Hermosillo, una plaza históricamente relevante para Acción Nacional, pero tampoco ignoran el costo que implicaría convertirlo en uno de los primeros rostros del PAN rumbo a 2027, ahora que el partido intenta reposicionar su narrativa de combate a la corrupción. Su rival será el actual alcalde panista, Antonio Astiazarán, quien igualmente busca la reelección.

Lo que ocurra en Hermosillo puede convertirse en un precedente para el resto del país. Las candidaturas de 2027 comenzarán a medir la competitividad electoral de los partidos y la consistencia entre el discurso y las decisiones que adopten puertas adentro. En ese sentido, el caso de Alejandro López Caballero representa mucho más que una disputa municipal. Es el primer examen de credibilidad para la dirigencia de Jorge Romero y una oportunidad para demostrar si la promesa de renovar al PAN será un criterio aplicable incluso cuando los costos recaigan sobre sus propios cuadros.

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