Dos patrimonios millonarios que ahora exigen explicaciones públicas

Las declaraciones patrimoniales de Octavio Romero y Carlos Ulloa, así como los vuelos de Mara Lezama, generaron nuevos cuestionamientos sobre transparencia pública.

Las declaraciones patrimoniales de Octavio Romero Oropeza y Carlos Ulloa, además de los vuelos privados atribuidos a Mara Lezama, fueron retomados por el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna publicada este 15 de septiembre, en la que cuestionó la respuesta institucional ante estos casos. Los datos patrimoniales y las operaciones inmobiliarias señaladas han sido difundidos en documentos y reportes periodísticos, mientras que los funcionarios involucrados han ofrecido explicaciones sobre el origen de sus recursos.

Patrimonio de Octavio Romero supera los 47 millones de pesos

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, hizo pública su declaración patrimonial después de que la presidenta Claudia Sheinbaum le solicitara transparentar la información.

El documento reporta un patrimonio total de 47 millones 534 mil 58 pesos, integrado por bienes inmuebles, bienes muebles y cuentas bancarias. De acuerdo con la declaración, los inmuebles tienen un valor conjunto de 36 millones 974 mil 526 pesos, mientras que las cuentas bancarias suman 7 millones 409 mil 532 pesos.

La información también registra la adquisición de dos departamentos el 14 de marzo de 2018: uno por 3 millones 376 mil 296 pesos, pagado de contado, y otro por 3 millones 393 mil 230 pesos, adquirido mediante crédito. El funcionario además reportó terrenos adquiridos en años anteriores. 

Romero Oropeza explicó posteriormente que los bienes incluidos en su declaración fueron adquiridos a lo largo de varias décadas y sostuvo que cuenta con documentación para acreditar su patrimonio. 

Carlos Ulloa reportó dos departamentos por 22.4 millones de pesos

El director general de Birmex, Carlos Ulloa Pérez, reportó en su declaración patrimonial dos departamentos adquiridos de contado entre 2020 y 2023, con un valor conjunto de 22 millones 450 mil pesos.

El primer inmueble fue adquirido el 24 de febrero de 2020 por 7 millones 450 mil pesos, mientras que el segundo fue comprado el 11 de diciembre de 2023 por 15 millones de pesos. 

Ulloa explicó que los recursos utilizados para esas operaciones provinieron de ingresos, ahorros, venta de inmuebles y herencias familiares. También afirmó que las operaciones fueron legales y que cuenta con documentación para acreditar el origen de los recursos.

El caso provocó solicitudes de revisión patrimonial. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló el 11 de septiembre que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno podría revisar el caso para conocer el origen del patrimonio del funcionario. 

Por separado, legisladores de oposición solicitaron que instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación revisen la situación patrimonial de Ulloa. Estas solicitudes no equivalen, por sí mismas, a una investigación ya iniciada por dichas instituciones.

Mara Lezama y los vuelos en aeronaves privadas

El tercer caso retomado por Riva Palacio corresponde a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.

Una investigación periodística basada en registros migratorios y aeroportuarios reportó 119 movimientos internacionales de Lezama desde septiembre de 2022, de los cuales 97 estuvieron asociados con aeronaves privadas. La cifra ha sido cuestionada por la propia gobernadora, quien reconoció el uso de aviación privada, pero negó que los viajes hayan sido financiados con recursos públicos. 

También se documentó el uso de aeronaves vinculadas con PABE-TAX, empresa relacionada con Grupo Seguritech, compañía que mantiene contratos con el Gobierno de Quintana Roo. La coincidencia empresarial ha generado cuestionamientos sobre el financiamiento de los vuelos; sin embargo, los reportes consultados señalan que no se ha acreditado que los contratos públicos hayan financiado los traslados de la gobernadora. 

Información difundida posteriormente señala que el Gobierno de Quintana Roo otorgó contratos por alrededor de 2 mil 870 millones de pesos a Seguritech Privada, aunque la existencia de esos contratos tampoco demuestra por sí misma que la empresa haya pagado los vuelos de Lezama. 

En su columna “Opacidad y corrupción”, publicada el 15 de septiembre de 2026 en El Financiero, Raymundo Riva Palacio colocó los casos de Romero Oropeza y Ulloa dentro de un debate más amplio sobre transparencia, patrimonio y posibles conflictos de interés en funcionarios de Morena. 

El periodista cuestionó que los señalamientos públicos no hayan derivado, según su análisis, en revisiones institucionales suficientes. Su columna constituye una opinión periodística y sus afirmaciones sobre posibles irregularidades no deben confundirse con resoluciones de autoridades ni con sentencias judiciales.

Los documentos patrimoniales y las investigaciones periodísticas citadas sí permiten corroborar los montos de los bienes declarados y las operaciones inmobiliarias reportadas. En el caso de los vuelos de Lezama, los registros citados también documentan los movimientos señalados, mientras que la gobernadora rechaza que hayan sido pagados con recursos públicos

Transparencia y revisión institucional

Los casos de Octavio Romero, Carlos Ulloa y Mara Lezama permanecen en el ámbito del escrutinio público y político. En el caso de Ulloa, existe una apertura expresa de la presidenta para que la Secretaría Anticorrupción revise el origen de los recursos; en el de Romero Oropeza, el funcionario ya hizo pública su declaración y ofreció explicaciones sobre los bienes registrados.

Hasta ahora, los datos disponibles deben distinguirse de cualquier conclusión sobre responsabilidad administrativa o penal: la existencia de un patrimonio elevado, una compra inmobiliaria de contado o el uso de aeronaves privadas no constituye por sí misma una prueba de corrupción o lavado de dinero.

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