Doña Marina y su marido incómodo

A la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, le pasó lo que a los exploradores que durante una expedición, sin darse cuenta, caen en las arenas movedizas de un pantano. Y es que la morenista entre más se mueve más se hunde y por más que trata de negar los vínculos que tuvo su gobierno con el narcotráfico y las investigaciones que eso le acarreó en Estados Unidos, las evidencias y los expedientes abiertos por el Departamento de Estado inculpan totalmente a la mandataria bajacaliforniana y a su círculo familiar más cercano.

Porque aunque hoy se jure divorciada de su esposo y niegue que la cancelación de su visa obedeciera a investigaciones estadounidenses, las acusaciones que ayer le formuló la OFAC del Departamento del Tesoro a Carlos Torres Torres no dejan ninguna duda sobre el papel que jugó el presunto exmarido durante los casi 5 años en los que operó en el estado. Con la total anuencia y confianza de la gobernadora, Torres se convirtió en un personaje todopoderoso que lo mismo gestionaba negocios y contratos del gobierno para sus amigos empresarios, que pactaba con los cárteles de la droga y actuaba investido de un poder que no tenía oficialmente.

Y lo dice con total claridad y contundencia el reporte del Departamento del Tesoro con el que se congelaron cuentas y activos a 21 personas y 25 entidades, entre los que se encuentra quien fuera hasta hace meses el poderoso “primer caballero” del estado de Baja California: “En el centro de este esquema de narco-corrupción está el exesposo de la gobernadora de Baja California (Marina del Pilar) Carlos Alberto Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres. Carlos Torres es un operador político vinculado al cártel, quien hizo una alianza con “El Ruso”. Carlos Torres usó su influencia política para facilitar las actividades criminales y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas del orden en Baja California”, señala el Tesoro estadounidense en un comunicado.

Por esa razón se les canceló la visa en mayo de 2025 tanto a Carlos Torres como a la gobernadora Ávila Olmeda, quien en un intento de deslindarse de las graves acusaciones que ya desde entonces pesaban sobre su marido, anunció su divorcio en noviembre de 2025, aunque en Baja California hay quienes ponen en duda que haya existido una separación real entre ellos y se afirma que sólo fue una maniobra política para tratar de deslindar a Marina del Pilar de las indagatorias de Washington contra su esposo desde el año 2019.

En el documento del Tesoro también se menciona que Pedro Mendivil García, exdirector de Seguridad de Mexicali también tenía alianza con “El Ruso” a través de la cual el Cártel de Sinaloa controlaba a la policía municipal de la capital de Baja California para facilitar las actividades de tráfico y evitar que se llevaran a cabo operaciones de aplicación de la ley contra los cárteles. Y menciona que “también se informa que Carlos Torres recibía mensualmente pagos de Mendivil García para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado”.

A Torres también se le señala de ser amigo de Rafael Buenrostro, quien fungió como asesor legislativo del gobierno de Baja California, y antes fue oficial de Aduanas en Chihuahua. “Buenrostro era conocido de Carlos Torres y amigo cercano de José Angel Rivera Zazueta. Buenrostro proporcionaba favores políticos e influencia para promover la empresa criminal de Rivera Zazueta a cambio de sobornos”.

Si el gobierno de Estados Unidos tenía toda esa información sobre Carlos Torres Torres y documentó todos esos vínculos que lo convirtieron en protector y facilitador del Cártel de Sinaloa en Baja California, ¿es posible creer que de todo eso no se haya enterado o dado cuenta la gobernadora Marina del Pilar? Porque incluso suponiendo que la mandataria morenista fuera tan ingenua y no se hubiera dado cuenta de los malos pasos de su esposo, al que por cierto ella siempre defendió y protegió ante las denuncias de corrupción y prepotencia que le hacían los medios bajacalifornianos, todavía después de que les revocaran la visa a ambos, ella supo que las investigaciones estaban abiertas en Estados Unidos y mencionaban el nombre de Torres Torres y aun así tardó todavía seis meses para pedirle el divorcio.

Marina ha mentido tanto y de manera tan descarada sobre sus gestiones y acercamientos a autoridades y agencias estadounidenses para negociar un acuerdo de colaboración otorgando información a cambio de que a ella la sacaran del expediente de su esposo, que ahora es muy difícil creerle que nunca se dio cuenta qué hacía su esposo con el enorme poder que, indebida e ilegalmente, ella le dio para que operara durante su mandato.

Porque al final, por más que una pareja nos pueda engañar u ocultar sus actividades ilícitas por un tiempo, al final en un matrimonio que duró más de 6 años, resulta casi increíble que primero como esposa y luego como gobernadora, Marina nunca se haya percatado de lo que hacía su marido con el que siempre presumía tener una vida idílica de familia que incluía una lujosa mansión que adquirieron juntos en San Diego y en la que realmente vivía la gobernadora de Baja California que, como muchos políticos fronterizos, gobernaba en México pero se protegía en la tranquilidad y seguridad de la Unión Americana, ahora que tanto hablan los morenistas de los “vendepatrias”.

En fin, que Doña Marina y su marido incómodo son una de esas historias dignas de un talk show televisivo, aunque en este caso, al involucrarse el destino y manejo del estado que tiene la frontera más activa y transitada con Estados Unidos, el show terminará más bien siendo judicial y se verá en las cortes estadounidenses a las que no tarda en llegar el caso de la pareja de poder y corrupción narca en Baja California.

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