Deudores alimentarios: problema que escala de lo civil a lo penal

El estado registra 321 deudores alimentarios al cierre de 2025 y cada caso puede escalar según su particularidad.

Los años de incumplimiento en el pago de una pensión alimenticia no implican que el adeudo se pierda o prescriba sin remedio. En Coahuila existen mecanismos legales claros para exigir el cumplimiento de esta obligación fundamental, aunque la vía adecuada depende siempre de las particularidades del caso y de la existencia previa de un mandato judicial.

El panorama cobra relevancia ante las cifras del Poder Judicial del Estado. Al cierre de 2025, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) contabilizaba 321 personas inscritas en la entidad. En ese mismo periodo, la autoridad expidió 231 constancias de no registro, documento fundamental que acredita el estar al corriente con las obligaciones alimentarias para el desarrollo de diversos trámites personales y legales.Desde 2024, el REDAM de Coahuila se encuentra interconectado con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Aparecer en este padrón genera consecuencias administrativas directas que condicionan la vida cotidiana del deudor, impidiendo o limitando trámites como la expedición o renovación de licencias de conducir, la obtención de pasaportes y documentos oficiales de viaje, la postulación a candidaturas y cargos públicos, la realización de actos notariales sobre bienes inmuebles y la tramitación de solicitudes de matrimonio civil.

Vías. Para reclamar lo adeudado, las vías principales son la familiar y la penal. La abogada litigante Lupita Sandoval, especialista en materia familiar desde Sabinas, explica que en el ámbito civil-familiar la demanda se presenta ante un juzgado especializado. De entrada, el juez tiene la facultad de fijar una pensión provisional e instruir el descuento directo del salario del obligado a través de un oficio dirigido a su patrón.Si la persona no cuenta con un empleo formal ni ingresos fijos, el juzgador determina un monto específico que debe ser depositado periódicamente en el tribunal.Respecto a los montos insatisfechos a lo largo del tiempo, Sandoval aclara que se requiere de una pensión previamente determinada de manera definitiva. Una vez acreditado el incumplimiento ante la autoridad competente, es posible cuantificar y reclamar formalmente el pago de los periodos acumulados que quedaron pendientes. Cuando la omisión se vuelve reiterada e injustificada, el caso puede escalarse a la vía penal para ser investigado como un posible delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, ruta que persigue responsabilidades distintas.

En la consecución de cualquiera de estos recursos, el sustento probatorio es esencial. La abogada especialista Janet Torres, de Piedras Negras, enfatiza la importancia crítica de conservar toda la documentación vinculada con el mandato alimentario. Recomienda resguardar de manera cuidadosa la sentencia o el convenio homologado donde se fijó originalmente la pensión, así como estados de cuenta bancarios, fichas de depósito, comprobantes de transferencia y cualquier tipo de comunicación que sirva para demostrar tanto los abonos parciales realizados como los lapsos exactos que permanecen adeudados.Por su parte, los mecanismos alternativos de solución de controversias han tomado fuerza como una vía previa para resolver diferencias familiares sin la dilación de un litigio tradicional. Muestra de ello es Monclova, donde en 2024 se iniciaron 510 expedientes alternativos (311 en materia familiar, 137 en civil, 39 en mercantil y 23 en penal). Durante 2025, en esa misma ciudad, los órganos jurisdiccionales canalizaron 53 expedientes derivados a la mediación (17 de índole familiar y 36 penal), sumando un total de 288 derivaciones en todo Coahuila.Frente a adeudos prolongados, la orientación legal oportuna resulta crucial. Las especialistas coinciden en la necesidad de buscar asesoría especializada en derecho familiar o acudir a la Defensoría Pública para revisar el expediente de origen y ordenar las pruebas antes de emprender acciones legales. El incumplimiento de la pensión trasciende lo económico, pues dependiendo de los elementos que se logren acreditar, la conducta puede encuadrar en los supuestos del Código Penal del Estado de Coahuila. Cada caso requiere una estrategia individualizada respaldada estrictamente en la resolución judicial primaria y en la documentación probatoria disponible.

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