Deportados y reclutados: la alerta sobre adolescentes atrapados por el crimen

Organizaciones civiles advirtieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que redes del crimen organizado están reutilizando a adolescentes deportados desde Estados Unidos para actividades relacionadas con el tráfico de migrantes en la frontera norte de México.

Durante una audiencia celebrada en el 196 periodo de sesiones de la CIDH, organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que más de 350 adolescentes han quedado atrapados en un circuito de deportación y reclutamiento que facilita su reincorporación a redes dedicadas al tráfico de personas.

Los casos expuestos corresponden a menores detectados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, quienes, tras ser repatriados, presuntamente vuelven a ser captados por grupos criminales que operan en la frontera.

Denuncian fallas en la protección de adolescentes

Las organizaciones explicaron que muchos menores son utilizados para guiar a personas durante cruces irregulares hacia Estados Unidos.

Cuando son interceptados por autoridades migratorias estadounidenses, reciben el tratamiento de menores no acompañados y posteriormente son enviados de regreso a México, donde las mismas redes pueden volver a reclutarlos.

Indicaron que la falta de evaluaciones individuales de riesgo, seguimiento institucional y medidas de protección facilita que regresen a las zonas donde operan traficantes de personas.

Piden reconocerlos como víctimas

Durante la audiencia, representantes de organizaciones civiles solicitaron que los adolescentes involucrados en estos casos sean considerados víctimas de explotación criminal y no responsables de actividades ilícitas.

También plantearon fortalecer los procesos de reunificación familiar, mejorar la coordinación entre instituciones de protección infantil y crear mecanismos de seguimiento posteriores a cada repatriación.

Además, pidieron una estrategia binacional entre México y Estados Unidos para evitar que los menores sean enviados nuevamente a contextos donde enfrentan amenazas o riesgo de reclutamiento.

Estado mexicano defiende mecanismos de protección

La representación del Gobierno de México señaló que existe un marco legal para proteger a niñas, niños y adolescentes en movilidad y aseguró que cada caso debe resolverse considerando el interés superior del menor.

Las autoridades explicaron que intervienen el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las procuradurías de protección para elaborar planes individuales de restitución de derechos.

Asimismo, indicaron que los menores migrantes no deben permanecer en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), sino bajo resguardo de instituciones especializadas.

CIDH pide mayor seguimiento

Integrantes de la CIDH cuestionaron la falta de estadísticas que permitan conocer cuántos menores repatriados han sido víctimas de reclutamiento o reutilización por organizaciones criminales.

También solicitaron fortalecer el seguimiento posterior a las repatriaciones, aplicar evaluaciones de riesgo antes de cada traslado y recopilar información detallada sobre edad, sexo, nacionalidad, lugar de detección y tipo de afectación.

El organismo subrayó que las políticas públicas deben ir más allá del control migratorio y atender las causas que favorecen el reclutamiento, la trata de personas y la explotación de adolescentes en movilidad.

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