Debía 15 millones de pesos, decidió no pagar y su caso encendió las redes
Un testimonio viral en TikTok encendió la discusión en Argentina sobre las consecuencias del impago, el Veraz y los límites legales a los embargos.
El caso de Valentina, una joven argentina que acumula deudas por más de 15 millones de pesos y decidió no abonarlas, se volvió viral en redes sociales y abrió el debate sobre las implicaciones financieras del incumplimiento crediticio, el funcionamiento del registro crediticio y las regulaciones sobre la retención de sueldos en Argentina.
La Situación 5 en el registro crediticio y la cobranza
En su relato, la joven detalló la transición del reclamo bancario hacia estudios jurídicos, señalando que evitó ejecuciones al mantenerse en el sector informal y no poseer bienes a su nombre. Las entidades financieras explican que el impago continuo genera intereses moratorios automáticos y el reporte de la mora ante el Veraz, base de datos que registra los historiales de los últimos 24 meses y clasifica el riesgo en cinco categorías.
La protagonista admitió encontrarse en Situación 5, correspondiente a deudas incobrables o judicializadas. No obstante, firmas del sector financiero precisan que en esa instancia aún es posible pactar quitas de capital y reestructurar el historial mediante instrumentos bancarios básicos.
Alcance de la ley sobre embargos de sueldos
En materia legal, las entidades bancarias recuerdan que ningún cobrador privado cuenta con la atribución de retener haberes de forma directa, requiriéndose una orden judicial previa. De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), se imponen restricciones claras para la protección de los ingresos laborales:
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) goza de carácter inembargable.
Para sueldos netos que no superen dos SMVM, el embargo máximo es del 10% sobre el excedente del piso legal.
Si el ingreso excede los dos SMVM, el límite máximo de retención alcanza el 20% del excedente.
La legislación establece que la única excepción a estos topes corresponde a causas por cuota alimentaria, mientras que en el sector público la ejecución judicial suele gestionarse de manera directa.
Plazos de prescripción y derecho a la información
Respecto a la permanencia en las bases de datos crediticias, los marcos normativos contemplan la salida del registro si la acreencia supera los cinco años sin acción judicial previa, si es cancelada en su totalidad o en casos de falsedad por suplantación de identidad. Asimismo, en virtud de la Ley 25.326, los ciudadanos disponen del derecho a consultar gratuitamente su reporte crediticio cada seis meses para verificar la vigencia de sus obligaciones.
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