De licencias a detenciones: el panorama de los funcionarios de Sinaloa acusados por EU
A casi tres semanas de las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, algunos desaparecieron de la vida pública, otros pidieron licencia y dos ya fueron detenidos.
Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico continúan generando incertidumbre. Mientras dos de los señalados ya están bajo custodia estadounidense, varios solicitaron licencia a sus cargos y otros permanecen fuera del foco público sin que se conozca oficialmente su ubicación.
Funcionarios de Sinaloa bajo presión tras acusaciones de EU
El pasado 29 de abril, autoridades estadounidenses señalaron a 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa, provocando una crisis política en la entidad.
Entre los nombres más relevantes aparece el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, además de mandos de seguridad y exfuncionarios estatales.
Rocha Moya y otros funcionarios desaparecen de la vida pública
Tras los señalamientos, Rubén Rocha Moya aseguró inicialmente que no dejaría el cargo. Sin embargo, el 1 de mayo anunció mediante un video que solicitaría licencia temporal mientras avanzaban las investigaciones de la Fiscalía General de la República.
Desde entonces, el mandatario con licencia no ha realizado apariciones públicas y sus redes sociales permanecen inactivas. La última referencia oficial sobre su ubicación ocurrió el 4 de mayo, cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró que “hasta donde tengo entendido sigue aquí en Sinaloa”.
En una situación similar se encuentra Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, quien dejó el cargo temporalmente y desde entonces no ha vuelto a emitir declaraciones públicas.
También el vicefiscal estatal Dámaso Castro Zaavedra solicitó licencia sin goce de sueldo el 5 de mayo, luego de que la Fiscalía de Sinaloa informara previamente que continuaba en funciones. Desde entonces no se conoce públicamente su ubicación.
Enrique Inzunza continúa como senador
El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario General de Gobierno de Sinaloa, rechazó las acusaciones y aseguró que se trataba de un ataque político contra la llamada Cuarta Transformación.
Aunque afirmó que participaría en los trabajos legislativos en el Senado, no ha sido visto en sesiones recientes. A través de redes sociales ha dejado entrever que continúa en Badiraguato, Sinaloa, donde ha compartido publicaciones esporádicas.
Las ausencias del legislador han provocado cuestionamientos incluso dentro de Morena, donde algunos actores políticos consideran que debería solicitar licencia temporal.
Dos exfuncionarios ya están detenidos en Estados Unidos
Los únicos señalados que actualmente se encuentran bajo custodia estadounidense son Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas estatal.
Mérida Sánchez fue detenido el 11 de mayo al cruzar hacia Arizona desde Sonora y posteriormente trasladado al Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con reportes oficiales, el exfuncionario se declaró no culpable de los cargos.
Por su parte, la entrega de Enrique Díaz Vega fue reportada el 15 de mayo. Autoridades estadounidenses prevén que comparezca próximamente ante un tribunal federal en Nueva York.
Cuatro acusados permanecen sin ubicación conocida
Otros cuatro exfuncionarios señalados por Estados Unidos permanecen completamente fuera del foco público.
Entre ellos se encuentran Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; y Juan Valenzuela Millán, conocido como “Juanito”.
Hasta ahora no existen declaraciones públicas recientes, reportes oficiales sobre su ubicación ni información confirmada sobre su situación legal.
La investigación del gobierno estadounidense mantiene atención sobre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, mientras crece la presión política y judicial en torno a uno de los casos más delicados relacionados con presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
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