Cuatro estados se pronuncian por contratos de empresas ligadas al clan Taddei

Cuatro organismos electorales fijaron postura ante los señalamientos por contrataciones con empresas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas.

Los institutos electorales de Sonora, Veracruz, Querétaro y Oaxaca respondieron a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos otorgados a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionadas con el entorno de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.

Empresas recibieron más de mil millones de pesos

Una investigación publicada por EL UNIVERSAL reveló que el conglomerado de empresas de los hermanos Hernández Casillas recibió más de mil millones de pesos desde 2014, mediante contratos con al menos 13 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Los procedimientos de contratación habrían simulado competencia entre proveedores. Además, se identificó la presencia de funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei o designados durante su presidencia en organismos electorales de Sonora, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Quintana Roo.

Las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también identificaron compras bajo el mismo esquema en Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Campeche, Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas.

Sonora prepara documentación para la ASF

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEEyPC) confirmó que recibió un requerimiento de la ASF para entregar información sobre contratos de licitación de material electoral relacionados con las empresas señaladas.

El consejero presidente, Nery Ruiz Arvizu, aclaró que la solicitud provino de la auditoría federal y no del INE. Indicó que el organismo prepara la documentación correspondiente.

Ruiz Arvizu señaló que los procedimientos de contratación ya fueron revisados mediante cuatro auditorías integrales del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), tres de la ASF entre 2022 y 2025, y 22 revisiones del Órgano Interno de Control.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento no se han emitido observaciones relacionadas con las irregularidades señaladas. Añadió que la revisión de 2025 concluyó que las licitaciones se realizaron conforme a la normatividad.

El consejero presidente manifestó que el instituto está dispuesto a someterse a nuevas auditorías y entregar la información que soliciten las autoridades fiscalizadoras.

Veracruz niega contratos recientes con las empresas señaladas

El secretario ejecutivo del OPLE Veracruz, Luis Fernando Reyes Rocha, rechazó tener vínculos con las empresas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas y aseguró que, desde que asumió el cargo en enero de 2023, el organismo no ha otorgado contratos ni adjudicaciones directas a esas compañías.

También negó haber sido representante legal, comercial o apoderado de Cajas Graf S.A. de C.V. y anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta suplantación de su identidad y falsificación de su firma en un supuesto poder notarial.

Sin embargo, los registros del organismo muestran contrataciones con Litho Formas S.A. de C.V., empresa que el funcionario distingue de las compañías cuestionadas.

En 2024, el OPLE adjudicó a esta compañía dos contratos por más de 210 millones de pesos para material y documentación electoral. En 2025 volvió a contratarla por más de 250 millones de pesos para los procesos municipal y judicial, además de otro acuerdo por poco más de 350 mil pesos.

Reyes Rocha reconoció que el último registro de contratación con empresas vinculadas a Hernández Casillas y Cajas Graf corresponde a 2018, cuando el organismo tenía otra administración. Por ello, descartó favoritismo y conflictos de interés durante su gestión.

Querétaro confirma contratos en tres procesos electorales

La presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez, reconoció que el organismo celebró contratos con dos de las empresas relacionadas con el presunto esquema durante los procesos electorales de 2017-2018, 2020-2021 y 2023-2024.

No obstante, aseguró que actualmente no existen contratos vigentes con esas compañías y confirmó que la ASF solicitó documentación sobre las licitaciones de material electoral.

Muñiz Rodríguez sostuvo que las contrataciones se realizaron mediante licitaciones nacionales y conforme al marco jurídico. Como ejemplo, explicó que en 2024 el IEEQ contó con un presupuesto de 16.4 millones de pesos para material electoral y adjudicó a Cajas Graf un contrato por 14.4 millones de pesos.

La consejera presidenta negó que existieran conflictos de interés o adjudicaciones arregladas. También indicó que el organismo esperará las conclusiones de las autoridades antes de realizar nuevas contrataciones para el proceso electoral de 2027.

Oaxaca otorgó más de 190 millones de pesos en adjudicaciones directas

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) otorgó más de 190 millones de pesos en contratos entre 2021 y 2024, mediante adjudicaciones directas a empresas investigadas por la ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Entre las compañías beneficiadas figura Corporativo ZEG, que recibió contratos por 32 millones de pesos y posteriormente por 36.09 millones. Este último fue otorgado durante el periodo en que Iliana Araceli Hernández Gómez se desempeñaba como secretaria ejecutiva del organismo.

Otros contratos por más de 55 millones y 66 millones de pesos también fueron concedidos durante su gestión. Hernández Gómez actualmente ocupa la dirección de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE y ha sido identificada como cercana a Guadalupe Taddei.

Asimismo, aparece en fotografías y videos de reuniones y fiestas organizadas por empresarios investigados, en medio de los señalamientos sobre posibles conflictos de interés.

Las contrataciones fueron cuestionadas por el entonces titular del Órgano de Control Interno, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, quien denunció irregularidades en los procedimientos.

Entre los señalamientos destaca que el IEEPCO declaró desiertas licitaciones públicas porque las propuestas superaban el presupuesto disponible, pero posteriormente adjudicó directamente contratos a algunas de las empresas participantes que habían presentado las ofertas más elevadas.

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